Lima, 3 julio 2026.- El grupo empresarial peruano Gloria ha reconocido el pago de 200.000 euros en 2024 al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por su participación en gestiones de intermediación con autoridades de Bolivia, en relación con una disputa por una indemnización pendiente derivada de la expropiación de una filial del conglomerado.
La admisión fue realizada mediante una comunicación enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, tras la difusión de un informe de la Policía española que investiga las circunstancias del pago. Según la empresa, la intervención de Zapatero se limitó a facilitar contactos y promover un acuerdo entre las partes para resolver el conflicto económico vinculado a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que reclama una compensación desde hace más de 16 años.
El caso se origina en la expropiación de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce poseía el 33 % de las acciones. El grupo sostiene que, pese a sus intentos de negociación, el Estado boliviano aún no ha cumplido con la indemnización correspondiente.
En su versión oficial, el Grupo Gloria asegura que la participación del exmandatario español se limitó a reuniones con funcionarios y representantes del Estado boliviano para intentar alcanzar un acuerdo “razonable”, sin intervenir en procedimientos judiciales en curso ni ejercer presión institucional.
Sin embargo, la empresa también ha denunciado que, en paralelo a sus reclamaciones, Soboce fue objeto de una demanda por competencia desleal que terminó en una condena económica de 744 millones de bolivianos (unos 94 millones de euros), lo que el conglomerado interpreta como parte de un conflicto más amplio en torno a la indemnización pendiente.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero figura en una investigación de la Audiencia Nacional vinculada al caso Plus Ultra, mientras la Policía española le atribuye supuestas gestiones adicionales relacionadas con empresas en América Latina. Según los investigadores, existen “indicios” de que algunos contratos habrían sido utilizados para justificar pagos por servicios presuntamente no prestados.
El Grupo Gloria ha rechazado cualquier insinuación de irregularidades y sostiene que todas sus actuaciones se han realizado “de buena fe” y dentro de los cauces legales, reiterando que el objetivo de las gestiones era alcanzar una solución extrajudicial al conflicto con el Estado boliviano.
