Madrid, 29 de junio de 2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado este lunes una dura advertencia a los cónsules y funcionarios consulares al asegurar que conceder la nacionalidad española a personas que “no la merecen” o “no les corresponde” podría constituir un acto ilegal, en referencia a la conocida como “ley de nietos”, que facilita la obtención de la nacionalidad a descendientes de españoles sin necesidad de residir en España.

“Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso”, ha señalado Ayuso durante su intervención en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en Madrid.

Las declaraciones de la dirigente autonómica se enmarcan en sus críticas a esta normativa, que a su juicio puede tener efectos políticos relevantes al modificar el peso del voto exterior en los próximos procesos electorales. En este sentido, ha llegado a afirmar que países como Argentina podrían convertirse en “la tercera provincia” con mayor número de votantes en España.

Ayuso ha ido más allá al acusar al Ejecutivo central de intentar “cambiar el censo electoral” mediante la actuación de consulados y embajadas. “Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral”, ha afirmado.

La presidenta madrileña también ha cargado contra la política migratoria del Gobierno, especialmente contra los procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes, que según ha advertido podrían alterar el censo electoral y tensionar los servicios públicos.

“El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de votos, según dónde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”, ha sostenido.

En una intervención marcada por las críticas al Ejecutivo, Ayuso ha asegurado que la política española “se está desquiciando” y ha denunciado lo que considera un cuestionamiento del funcionamiento democrático y de la soberanía expresada en las urnas.

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