Lima, 23 sep.- La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), enfrenta desde este martes un juicio por presuntas irregularidades en la financiación de sus campañas políticas, incluyendo la exitosa campaña por el ‘No’ a su revocación en 2013 y su fallida reelección en 2014.
El proceso se lleva a cabo ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, donde el Ministerio Público ha solicitado una condena de 29 años de cárcel por la presunta comisión de cinco delitos de corrupción. Entre estos se incluyen lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica. La acusación también alcanza a 18 personas y 16 empresas, involucradas en la presunta trama de aportes irregulares provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
El tribunal ha admitido la presentación de 378 testigos, entre los que se encuentra Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, además de excongresistas, exministros, actores y figuras del ámbito artístico que podrían aportar información sobre las supuestas contribuciones. Este amplio número de testimonios refleja la complejidad del caso y la magnitud de las investigaciones relacionadas con la financiación de campañas políticas en el país.
Poco antes del inicio del juicio, Villarán reconoció ante la emisora RPP que sí recibió aportes de Odebrecht y OAS, pero aseguró que estas decisiones se tomaron ante la urgencia de proteger la municipalidad frente a lo que ella calificó como un intento de asalto a la gestión municipal y de frenar las reformas que impulsaba. Villarán explicó que únicamente ella y su entonces general municipal, José Miguel Castro, fallecido en junio pasado, tenían conocimiento de estas contribuciones.
La excaldesa expresó que la muerte de Castro afecta el proceso, dado que él conocía detalles clave que podrían esclarecer la investigación, y reiteró su intención de demostrar su inocencia frente a los cargos imputados.
El Ministerio Público sostiene que Villarán lideró una organización criminal encargada de coordinar pactos ilícitos vinculados a contratos y adendas con las empresas que realizaron los aportes, sumando más de 11 millones de dólares en presuntas contribuciones irregulares. La acusación subraya que estas prácticas habrían tenido un impacto directo en la transparencia de la administración municipal y en la legitimidad de los procesos electorales de aquel periodo.
El juicio se perfila como uno de los casos más relevantes en Perú en materia de corrupción política vinculada a Odebrecht, empresa que ha estado en el centro de múltiples investigaciones en América Latina. A medida que avance el proceso, la presentación de los testimonios y la revisión de documentos contables y contratos será clave para determinar la responsabilidad de Villarán y el alcance de la presunta organización criminal que se le atribuye.
