BOGOTÁ, 15 Ago.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que solicitará a Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucrado en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno, siempre que se confirme que reside en ese país.
«La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país», indicó Petro a través de su cuenta en la red social X, luego de conocerse que el exfuncionario renovó su residencia nicaragüense con apoyo de la embajada de Colombia en Managua.
RCN Noticias difundió una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de González, así como una carta de la embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitando apoyo para «solicitar la carta de renovación de residencia» del exfuncionario, lo que ha generado controversia sobre la actuación del Gobierno.
Tanto Petro como la excanciller Laura Sarabia negaron que se haya solicitado «algún tipo de privilegio» para González, quien dirigió la Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de revelarse su participación en el escándalo. A pesar de la divulgación de la carta diplomática, el mandatario pidió a los medios aclarar lo que calificó de noticia falsa, buscando desmarcar a su administración de cualquier responsabilidad directa.
González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el 3 de julio, por su presunta implicación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinados a pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo. La Fiscalía lo imputó por cohecho, apropiación indebida de bienes del Estado y lavado de activos, señalando que parte del dinero provino de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira.
Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, según el testimonio del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien en abril pasado se convirtió en el primer condenado por este caso a cinco años y ocho meses de prisión.
Por otra parte, la Procuraduría de Colombia abrió este viernes una investigación previa contra funcionarios de la Cancillería, por presunta participación en la facilitación de la renovación de la residencia nicaragüense de González. La pesquisa busca determinar si se realizaron trámites para que el exfuncionario obtuviera cédula de residencia, permisos de ingreso, uso de vehículo y vivienda oficial de la Embajada en Managua. Para ello, la Sala Disciplinaria ordenó inspecciones a Migración Colombia y a los procedimientos adelantados por la Cancillería y la Embajada en Nicaragua.
El caso ha desatado un debate sobre la transparencia de la gestión gubernamental y la posible implicación de funcionarios diplomáticos en la protección de altos cargos vinculados a actos de corrupción.
