Madrid, 26 junio (HISPANIC POST).– El Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en una sentencia aprobada este jueves por seis votos a favor —correspondientes a la mayoría progresista— frente a cuatro en contra del sector conservador. La decisión supone un espaldarazo judicial a la norma más polémica de la legislatura y rechaza el recurso presentado por el Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición.
Tras cuatro días de intensas deliberaciones, los magistrados han avalado el texto redactado por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, que solo introduce tres objeciones menores, sin alterar el contenido de fondo de la ley. La sentencia también descarta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como solicitaba el recurso popular.
Amnistía constitucional y sin colisión con la UE
El fallo sostiene que la amnistía es compatible con la Constitución Española, que no es arbitraria ni responde a un “capricho político”, y que el motivo que la inspira es “jurídicamente indiferente” a efectos de su validez. En palabras del tribunal, se trata de una medida coherente con una política orientada a reparar los efectos del procés y favorecer la convivencia y la cohesión social en Cataluña.
Asimismo, el Constitucional concluye que la norma no infringe la normativa europea en materia de terrorismo ni vulnera la legislación sobre la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
Cuatro votos discrepantes
El texto ha sido aprobado con cuatro votos particulares en contra, emitidos por los magistrados conservadores César Tolosa, Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez y la magistrada Concepción Espejel, quienes consideran que la ley vulnera principios básicos del Estado de Derecho.
La resolución actual servirá como marco interpretativo para los otros 30 recursos que aún deben resolverse en el tribunal, entre ellos el planteado por el Tribunal Supremo, aunque no se verán hasta después del verano.
No afecta a Puigdemont ni a Junqueras por ahora
La sentencia no se pronuncia sobre casos individuales, por lo que no afecta de momento al expresidente catalán Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras ni al resto de líderes del procés, que siguen pendientes de resolución en el Tribunal Supremo, especialmente por el delito de malversación, excluido por ahora de la aplicación automática de la ley.
Habrá que esperar a que el Constitucional resuelva los recursos de amparo individuales, algo que, según fuentes jurídicas, no ocurrirá antes del otoño.
Un paso clave para el Gobierno
El fallo supone una importante victoria jurídica y política para el Gobierno de coalición, que había defendido la medida como parte del pacto con los partidos independentistas que permitió la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Desde el Ejecutivo se considera que el Constitucional cierra la vía judicial contra la norma, aunque su aplicación concreta seguirá siendo objeto de disputa política y jurídica.
Este dictamen no zanja la controversia, pero sí marca un punto de inflexión en la agenda legislativa del Gobierno, que ahora confía en que los jueces apliquen la ley conforme a los criterios fijados.
