Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia Revela un Alza en el Número de Combatientes Ilegales

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El comandante de las fuerzas militares de Colombia, Almirante Francisco Cubides, fue registrado este jueves, 13 de marzo, durante una rueda de prensa, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

BOGOTÁ, 13 de marzo.— El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, informó este jueves que en el país operan aproximadamente 21.500 individuos armados pertenecientes a grupos ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, la principal organización criminal del país.

Durante una conferencia de prensa en Bogotá, Cubides destacó que este número representa un aumento significativo respecto a los datos registrados a finales del año pasado, cuando se estimaba que había cerca de 20.000 combatientes en estas estructuras armadas.


El Crecimiento de Grupos Armados Ilegales

El almirante explicó que las agencias de inteligencia realizan un estudio semestral para monitorear el tamaño y la capacidad operativa de estos grupos. Según sus cifras, tras la desmovilización de las FARC en 2016 —un proceso histórico que redujo drásticamente el número de combatientes— hubo una notable disminución en la cantidad de personas en armas. Sin embargo, en los últimos años, este panorama ha cambiado debido al resurgimiento de antiguos combatientes y la expansión de otros grupos.

«Si bien hay una desmovilización de las FARC, hay un aumento del (número de miembros del) ELN y las disidencias», afirmó Cubides.

El incremento en las filas del ELN y las disidencias de las FARC, particularmente la llamada Segunda Marquetalia liderada por alias ‘Iván Márquez’, se debe en gran parte a exintegrantes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz o que, tras reincorporarse inicialmente, regresaron a la ilegalidad.


El Papel del Clan del Golfo

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es otra de las organizaciones que contribuyen a este incremento. Según las autoridades, esta banda criminal se ha consolidado como una de las principales amenazas a la seguridad nacional, controlando rutas de narcotráfico, extorsión y minería ilegal en varias regiones del país.

«Ellos son los compradores de estas organizaciones», señaló Cubides, refiriéndose a cómo estos grupos armados se financian principalmente a través del narcotráfico y otras actividades ilícitas.


Desafíos para la Seguridad Nacional

El aumento en el número de combatientes ilegales plantea serios desafíos para el gobierno colombiano, que busca garantizar la seguridad y estabilidad en medio de una creciente presencia de actores armados en zonas estratégicas. Además, estas organizaciones han sido responsables de enfrentamientos con fuerzas militares, ataques contra comunidades rurales y reclutamiento forzado, exacerbando la crisis humanitaria en algunas regiones.

El almirante Cubides destacó que las Fuerzas Militares están intensificando sus operaciones para desarticular estas estructuras y reducir su capacidad operativa. No obstante, reconoció que la lucha contra estos grupos requiere no solo acciones militares, sino también esfuerzos integrales para atender las causas profundas del conflicto, como la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono estatal en áreas rurales.


Conclusión: Una Amenaza Persistente

El incremento de combatientes en grupos armados ilegales refleja la complejidad del conflicto colombiano, donde la ausencia de control estatal en ciertas regiones permite que estas organizaciones se fortalezcan y expandan. Aunque el proceso de paz con las FARC fue un avance significativo, el surgimiento de nuevas facciones y la persistencia de viejos actores demuestran que la paz total aún está lejos de alcanzarse.

«La lucha contra estos grupos armados ilegales sigue siendo una prioridad para las Fuerzas Militares», concluyó Cubides, subrayando la necesidad de mantener una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo y reconciliación.

Mientras tanto, el gobierno colombiano enfrenta la difícil tarea de equilibrar la contención militar con políticas sociales que aborden las raíces del conflicto y eviten que más personas se sumen a estas organizaciones.

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