Ciudad de México, 4 sep.- La madrugada de este miércoles, la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, fue aprobada en lo general en una sede alterna al Congreso mexicano. La reforma fue avalada por la ‘supermayoría’ oficialista, compuesta por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Con 359 votos a favor y 135 en contra, la reforma, que implica cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, fue aprobada en una sesión caracterizada por retrasos, mociones en contra y un extenso debate. Los congresistas del oficialismo aprovecharon su mayoría calificada, que les permite modificar la Constitución sin necesidad de consenso con otras fuerzas políticas.
El proyecto de decreto, propuesto por López Obrador en un paquete de 20 reformas en febrero, incluye entre sus puntos principales la reducción de 11 a 9 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el acortamiento de su mandato de 15 a 12 años, y la realización de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas en junio de 2025.
Además, la reforma elimina la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, ajusta sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México, y suprime el Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por dos nuevas instituciones, una de ellas un Tribunal de Disciplina Judicial. También se contempla la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
Sesión en sede alterna debido a protestas
Ante las protestas de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho, que bloquearon el acceso a la Cámara de Diputados, la sesión se trasladó a la Sala de Armas, un recinto deportivo de los Juegos Olímpicos de México 68, ubicado en el oriente de la capital. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, anunció el cambio de sede para evitar confrontaciones con los manifestantes.
Desde la madrugada del martes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), en paro nacional desde hace dos semanas, formaron una barrera humana frente al Congreso. Los manifestantes denunciaron agresiones por parte de diputados oficialistas y la presencia de policías enviados por el Gobierno de la Ciudad de México para intimidarlos.
Por su parte, estudiantes de Derecho, parte del movimiento ‘Generación del 24’, intentaron sin éxito entregar un documento con 768 peticiones sobre la reforma, lo que fue rechazado por los diputados de Morena.
Implicaciones para la inversión y la certeza jurídica
El nuevo periodo legislativo, iniciado el domingo, ha consolidado la ‘supermayoría’ de Morena y sus aliados en el Congreso, permitiéndoles avanzar en reformas constitucionales sin necesidad de acuerdos con la oposición. Ante este panorama, Larry Rubín, presidente de la American Society of México (Amsoc), reveló a EFE que empresas estadounidenses han detenido anuncios de inversión en México, preocupadas por la incertidumbre jurídica que generan las reformas.
Rubín mencionó que una de las candidaturas presidenciales en Estados Unidos ha manifestado su inquietud ante las implicaciones de estas reformas para la política interna mexicana, aunque no precisó la cifra de inversiones afectadas.
La reforma judicial ha generado alertas de organismos multilaterales, organizaciones empresariales y calificadoras, que advierten sobre los riesgos para la inversión privada, los tratados comerciales y posibles sanciones económicas que podrían derivarse de su implementación.
