Toledo (España), 22 ago.- Un juzgado de Toledo decretó este jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 20 años acusado de haber asesinado a Mateo, un niño de 11 años, quien fue apuñalado el pasado domingo mientras jugaba con sus amigos en la localidad de Mocejón, en el centro de España.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) informó que el detenido enfrenta de manera provisional la imputación por un presunto delito de asesinato. El juzgado también ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que el investigado sea trasladado a un centro adecuado para su situación, ya que el joven padece un trastorno mental, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.
El juez instructor, tras recibir un informe del médico forense, determinó que la declaración del investigado se realizara con adaptaciones especiales para su «situación de discapacidad». Durante el interrogatorio, el joven estuvo asistido por una facilitadora que le ayudó a comprender y responder a las preguntas del juez.
Además, el juez instructor ha ordenado un dictamen forense sobre la «imputabilidad del investigado», que se llevará a cabo durante la instrucción del procedimiento judicial.
Mientras tanto, los especialistas de criminalística de la Guardia Civil continúan analizando el cuchillo con restos biológicos humanos que fue encontrado este miércoles cerca de la casa del padre del joven detenido, ante la posibilidad de que se trate del arma homicida.
El asesinato de Mateo, cuyos restos fueron sepultados ayer en Mocejón en un multitudinario funeral, ha generado una oleada de desinformación en internet, con bulos y noticias falsas que han intentado sembrar dudas sobre la nacionalidad y raza del presunto asesino, señalando a inmigrantes y grupos sociales estigmatizados.
En respuesta a la creciente preocupación social y política por estos mensajes, el fiscal de delitos de odio de España, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto reformar el código penal para prohibir el acceso a las redes sociales a quienes sean condenados por delitos de odio en entornos digitales, además de exigir la identificación de todos los usuarios en dichas plataformas.
