Redacción, 14 de noviembre.- La bancada de congresistas del Pacto Histórico pidió atención humanitaria urgente ante el deterioro de la seguridad en el Bajo Baudó, Chocó, donde denunció confinamientos, desplazamientos, homicidios y restricciones a la movilidad por la confrontación entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En un comunicado con fecha del viernes 13 de noviembre de 2026, el movimiento político sostuvo que el incremento de los enfrentamientos afecta a poblaciones de Bajo Baudó, Medio Baudó, Alto Baudó y Nuquí.
La colectividad señaló que las comunidades del norte de Bajo Baudó afrontan presiones por parte de los grupos armados, en especial quienes tienen comercios o prestan servicios de transporte fluvial. Según el documento, los habitantes quedan expuestos a represalias por atender a miembros de una de las estructuras ilegales.
“La población civil indefensa no tiene la posibilidad de negarse a prestar un servicio a una persona armada”, indicó el Pacto Histórico. La organización agregó que los operadores de embarcaciones también afrontan esa situación, pese a que las lanchas constituyen el principal medio de transporte en varias zonas de la subregión.
El pronunciamiento advirtió que la violencia no se limita a las áreas rurales. En Pizarro, cabecera municipal de Bajo Baudó, hombres armados retuvieron el 4 de noviembre a Carlos Andrés Valencia y a otra persona que aún no ha sido identificada, de acuerdo con la denuncia.
Ambos fueron trasladados en una lancha hacia un destino desconocido. El Pacto Histórico afirmó que los responsables comunicaron después que los dos habían sido asesinados, aunque precisó que no existe confirmación oficial sobre esas muertes.
El 9 de noviembre, también en Pizarro, fue asesinado Lucio Robledo, un cerrajero conocido en el municipio. La bancada señaló que el crimen ocurrió ante integrantes de la comunidad.
“Las comunidades y autoridades locales manifiestan sentirse solas e impotentes ante el aumento de los hechos de violencia”, sostuvo el movimiento político, que alertó sobre el impacto de los combates en la vida, la integridad y la movilidad de los habitantes de la región.
La solicitud fue dirigida al Ministerio del Interior, la Consejería Comisionada de Derechos Humanos, la Consejería Comisionada de Paz, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También pidió al Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada de Colombia implementar medidas para proteger a las comunidades y garantizar su desplazamiento por el territorio.
