Redacción, 27 de octubre.- El asesinato de Miguel Castellanos, mayor retirado de la Policía Nacional y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, ha generado profunda conmoción e incertidumbre en el departamento de Norte de Santander, donde las autoridades despliegan un intenso operativo para identificar a los responsables. El exfuncionario fue interceptado e impactado con armas de fuego mientras se desplazaba sin su esquema de seguridad hacia su residencia, en un hecho perpetrado mediante una probable maniobra de distracción en las inmediaciones de una estación de servicio.
Según las primeras pesquisas divulgadas por el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, Castellanos había ingresado recientemente a Cúcuta procedente de otra región del país con el fin de atender una emergencia de salud de su hermano. La reconstrucción preliminar del crimen sugiere que los atacantes colisionaron deliberadamente una motocicleta contra la camioneta de la víctima o golpearon el vehículo para llamar su atención, lo que motivó a Castellanos a descender del automotor en un estado de absoluta indefensión que fue aprovechado por los sicarios.
Las autoridades judiciales avanzan en la recopilación y análisis del material grabado por las cámaras de videovigilancia instaladas en el perímetro de la escena del crimen, buscando establecer una línea del tiempo precisa sobre el trayecto de la víctima y los agresores. El mayor retirado contaba con una destacada trayectoria en la región, habiendo ejercido como secretario de Gobierno de Cúcuta hasta comienzos del presente año, cargo al que dimitió para cumplir los requisitos legales e iniciar la preparación de su campaña electoral con miras a las elecciones locales de 2027.
Frente a los posibles móviles del homicidio, los organismos de inteligencia evalúan diversas hipótesis de trabajo que van desde eventuales represalias vinculadas a sus previas gestiones en la administración pública hasta presiones de redes criminales de la zona. No obstante, la Secretaría de Seguridad subrayó que aún no se cuenta con acervo probatorio suficiente para atribuir de forma concluyente el atentado a las bandas dedicadas al contrabando o a grupos armados organizados que operan en la frontera colombo-venezolana.
Este crimen reabre el debate sobre la vulnerabilidad y las garantías de seguridad para los líderes políticos y exintegrantes de la Fuerza Pública en zonas de alta complejidad de Colombia. La dirigencia local y diversos sectores de la ciudadanía han instado a la Fiscalía General de la Nación a celerizar las indagaciones con el fin de evitar que este homicidio quede impune y desestabilice el panorama político e institucional del departamento.
