Redacción, 25 de octubre.- Brasil llega al ballotage presidencial del próximo domingo en una situación que desconcierta a los manuales tradicionales de ciencia política. Por un lado, los indicadores macroeconómicos oficiales muestran una economía con expansión sostenida y una tasa de desocupación en mínimos históricos. Por el otro, se impone una realidad cotidiana marcada por el endeudamiento asfixiante de las familias, la precarización laboral de millones de trabajadores atrapados en aplicaciones de transporte y un clima de inseguridad donde el crimen organizado dejó de ser un problema de las favelas para convertirse en un poder corporativo transnacional.
Con un escenario electoral cerrado en torno a un empate técnico milimétrico entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro (de acuerdo con la última encuesta de Quaest habría 1 punto de diferencia entre ambos candidatos), el país no solo dirime quién ocupará el palacio presidencial sino también cómo gestionar las contradicciones de ser una potencia regional atravesada por la desafección democrática, la polarización y por su paradoja económica.
Si se observan los datos económicos, la situación en Brasil parece envidiable. El desempleo perforó el piso del 5,4%, su registro más bajo en más de una década, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) consolidó avances del 3,2% y 3,4% de manera sostenida en los últimos años. Sin embargo, detrás de ese número reluciente existe una transformación estructural que los economistas denominan vibecession, esto es, el abismo entre los éxitos estadísticos y la percepción subjetiva de la ciudadanía.
De acuerdo con el relevamiento de la consultora Quaest, el 49% de los brasileños manifiesta que la situación económica empeoró durante el último año, frente a un magro 19% que percibe mejoras concretas en su bolsillo. A su vez, si bien el desempleo bajó, esto no necesariamente se produjo porque la población obtuvo un empleo formal y en relación de dependencia, sino por el fenómeno de la precarización laboral. La masa de trabajadores que depende económicamente de un empleo a través de aplicaciones creció un 37% en apenas 3 años y ya representa cerca del 2% de toda la fuerza de trabajo del país pero más del 15% en grandes ciudades como Río de Janeiro o San Pablo. Además, el endeudamiento es otro de los flagelos que hoy asfixian a la población brasileña con más del 80% de los hogares que arrastran deudas personales en bancos o tarjetas de crédito y con tasas de interés que parecen impagables para el salario promedio.
Así, mientras el Partido de los Trabajadores consolidó históricamente su base sobre los sindicatos fabriles y la protección estatal, la nueva masa de trabajadores precarizados se identifica con una lógica de desconfianza institucional, un terreno donde el discurso liberal del bolsonarismo encuentra una permeabilidad inmediata. Por el contrario, la narrativa estatista y sindical de Lula parece quedar obsoleta frente a trabajadores jóvenes que hoy lejos están de gozar de cualquier tipo de protección estatal.
En materia de seguridad, Brasil exhibe otra paradoja estadística. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), la tasa de homicidios es la más baja desde 2012, con alrededor de 19 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta merma no necesariamente se traduce en tranquilidad social. En primer lugar, la caída de homicidios se concentra en el Sudeste y el Sur, mientras que en los estados del Norte y Nordeste las tasas duplican la media nacional. Pero sobre todo, esta estadística queda invisibilizada debido al crecimiento de la principal preocupación de los brasileños: la inseguridad en manos del crimen organizado. Bandas como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho ya no operan únicamente como pandillas carcelarias o vendedores locales de estupefacientes, sino que se han transformado en holdings criminales internacionales que dominan la logística de exportación de cocaína hacia Europa y África a través de puertos estratégicos como el de Santos, controlan rutas fluviales en la Amazonía y lavan miles de millones de dólares en la compra de gasolineras, empresas constructoras, redes de transporte urbano y activos cripto. Según Datafolha, el 41% de los brasileños mayores de edad vive en zonas con presencia directa del crimen organizado, lo que significa que no residen bajo la tutela estatal sino bajo las reglas y lógicas de las bandas ilegales.
En el plano político, el escenario que desembocó en el balotaje dejó al descubierto el agotamiento de una parte considerable del padrón frente a la oferta partidaria tradicional. Tras la tasa de abstención más alta desde 1998 durante la primera vuelta, los sondeos ubican los antecedentes y escándalos de corrupción en la cima de los motivos de hartazgo ciudadano. Lula carga con el estigma social de los 19 meses que pasó en prisión por la megacausa Lava Jato mientras que Flávio Bolsonaro arrastra investigaciones por presunto desvío de fondos públicos, lavado de dinero y más recientemente por sus vínculos cruzados en el colapso del Banco Master. Y si bien la corrupción no necesariamente cambia la preferencia electoral de un bando a otro, sí expulsa a los votantes independientes y moderados hacia el voto nulo, el blanco o la deserción electoral.
En los últimos días de campaña, la tensión se trasladó al Tribunal Superior Electoral, cuando ambas coaliciones presentaron pedidos cruzados de inhabilitación y medidas cautelares por la difusión de desinformación masiva en redes sociales. En paralelo, Bolsa Familia, el programa social de transferencias del que dependen más de 50 millones de brasileños, quedó en el centro del fuego cruzado ya que Lula denunció que un eventual gobierno de Bolsonaro desmantelaría el beneficio, mientras la oposición cuestionó el adelantamiento del calendario de pagos a días de la votación como una maniobra electoralista.
El desenlace de esta elección se juega, en última instancia, en el abismo que separa a las celebradas cifras macroeconómicas de la experiencia cotidiana en la calle. Mientras los balances oficiales festejan un PIB en alza y un desempleo en mínimos de una década, la vivencia subjetiva devuelve una postal de salarios que se evaporan, hogares asfixiados por las deudas y el miedo constante a un delito que mutó hacia una criminalidad organizada. Por eso, Brasil no concurre a las urnas dividido únicamente por dos apellidos de peso ni por dos ideologías en pugna, sino fracturado entre dos realidades. Por un lado, la defensa de la asistencia social directa y la recuperación de indicadores agregados y por el otro, la canalización del hartazgo de una clase media endeudada, la demanda de mano dura contra el crimen y la afinidad con un modelo de emprendedorismo informal que descree de la tutela estatal.
Cualquiera sea el resultado que arroje el recuento provisorio del domingo, el próximo presidente asumirá el mando sobre una sociedad polarizada, con una masa de 33 millones de desencantados y la urgencia de dar respuestas materiales a un país que trabaja más horas para ganar lo mismo.
