Redacción, 23 de octubre.- Transparencia Venezuela propone la aprobación de una ley que siente las bases de una justicia especial anticorrupción, que permita no solo investigar y castigar a los responsables de los casos de “gran corrupción” transnacional en los que han estado involucrados altos jerarcas del régimen chavista, sino también recuperar parte de los más de 78 mil millones de dólares que, según esta organización, se han robado del país.
La ONG ha logrado identificar “al menos 178 investigaciones penales abiertas en 30 países por corrupción y lavado vinculados con Venezuela”. Partiendo de este cuadro, la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, concluye que “Venezuela no presenta un problema de corrupción dentro del Estado, sino un Estado organizado alrededor de la corrupción”.
Para corregir y combatir el saqueo al erario nacional, abogan por crear un subsistema integrado al sistema de justicia que incluya una unidad fiscal especializada, un cuerpo de jueces especializados, una oficina de inteligencia patrimonial y financiera, un despacho para la recuperación de activos, una unidad de protección a denunciantes y testigos, una defensa pública especializada, y un cuerpo de averiguaciones penales.
Visto que los recursos sustraídos recorren el mundo, estiman necesario establecer una secretaría de cooperación internacional, “unidad permanente dedicada a redactar, tramitar y sostener solicitudes de asistencia, cartas rogatorias, equipos conjuntos y pedidos de aseguramiento en el exterior”.
En el marco de esta iniciativa, Transparencia Venezuela apuesta por la conformación de un Fondo Nacional de Reparación Social y Reconstrucción, que se nutriría del dinero rescatado para invertirlo en infraestructura escolar, de salud y agua, al tiempo que también se desarrollaría el “reuso comunitario directo de bienes inmuebles decomisados”.
La negociación que adelantan el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, arrojó entre sus primeros resultados un acuerdo para “transformar” el sistema de justicia en Venezuela y la renovación total de los miembros del Tribunal Supremo.
De Freitas incorpora a la iniciativa de la justicia especial anticorrupción la figura del “par internacional”, que define como “un acompañante técnico adscrito a un puesto, no un funcionario venezolano ni un supervisor”.
“La existencia de un testigo técnico externo del trabajo cotidiano eleva el costo de la presión indebida sobre el titular nacional y reduce el margen de la interferencia silenciosa”, argumenta la experta.
Transparencia Venezuela plantea que esta instancia tenga un “mandato de ocho años, prorrogable por cuatro mediante prórroga automática salvo terminación anticipada aprobada por mayoría calificada de la Asamblea Nacional, previo informe público de evaluación independiente”.
