Barcelona, 10 de septiembre.- Hace unos años María Marcuello, que vivía en Zaragoza, decidió mudarse a Barcelona para empezar de cero con su nueva pareja. Ella había vivido durante 15 años en un piso que tenía en propiedad en la capital aragonesa, que decidió poner en alquiler con un precio de 600 euros mensuales. Primero tuvo como inquilinos a una pareja con la que no tuvo ningún problema y. Después, a la mujer que con el tiempo se convirtió en su pesadilla y a la que, tras más de dos años de impagos, ha conseguido expulsar por fin de su casa por orden de un juez.
«Durante los primeros tres años y medio no tuve ningún problema con ella. Me pagaba cada mes, aunque con el paso del tiempo empezó a hacerlo con más dificultades. Me daba la sensación de que le costaba reunir el dinero, porque me mentía y se andaba con rodeos cuando le pedía el ingreso de las cuotas. Tenía una actitud que a mí no me cuadraba mucho», explica María a EL MUNDO.
Según explica, su inquiokupa le decía «que no podía pagarme, que había dejado de trabajar y que con la ayuda social que recibía no le daba para pagar». María, recomendada por su abogado, cortó cualquier tipo de interacción con esta persona y se limitaba a transmitirle mes a mes la cantidad económica que le debía por permanecer en el piso. «Le jodía, hablando mal y pronto, que yo cada mes le dijera que tenía que pagar y empezó a inventarse cosas. Decía que no me iba a devolver las llaves del piso porque me había portado mal con ella. Ella se creía sus propias mentiras y puede que tenga un problema de salud mental, pero eso no es excusa para no pagar el alquiler», añade.
Los impagos continuados engordaban una deuda que llegó a escalar hasta los 15.000 euros. En medio de una situación kafkiana: a María, cuya única fuente de ingresos era un subsidio de paro de 480 euros, no le pagaban el alquiler. Pero su inquilina, que se negaba a abonar la mensualidad, cobraba un total de 1.100 euros de una prestación de la Seguridad Social (530 euros) y el subsidio por desempleo tras agotar la prestación contributiva (570 euros). Los 480 euros mensuales debían servir a María para subsistir en una ciudad como Barcelona y, además, afrontar los gastos que su okupa generaba en la vivienda, que cada vez eran mayores para aumentar la presión sobre ella.
Por ejemplo: en una ocasión recibió una factura de agua que ascendía hasta cerca de 2.000 euros. María, que en un principio pensó que se trataba de un error de la compañía que prestaba el servicio, decidió acudir al piso para ver qué ocurría. Lo hizo acompañada de dos agentes de la Policía y de un perito enviado por el seguro, quien finalmente pudo acceder al inmueble tras la negativa de la persona que lo ocupaba. «Cuando salió me explicó que no podía tratarse de una avería, porque era mucha cantidad de agua la que se había perdido. No me lo reconoció directamente, pero estaba claro que estaba abriendo los grifos para provocar que las deudas aumentasen y hacerme daño», recuerda.
Tras casi dos años de litigios e impagos, María ve la luz al final del túnel con la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº 17, que ha ordenado el lanzamiento judicial del inmueble el próximo 9 de octubre. Sin embargo, siente que ha sido «una víctima» en todo este proceso, que «el juez no se ha molestado en hacer correctamente su trabajo» y que se ha visto «obligada a pagar por la vulnerabilidad de una persona que creo que debería correr a cuenta del Gobierno».
Parte del prolongamiento de este caso viene provocado por lo establecido en el escudo social aprobado por el Gobierno en 2020 como respuesta a la pandemia y que se ha ido prologando hasta la actualidad a través de sucesivos reales decretos. En este texto se recoge la posibilidad de suspensión del desahucio por un tiempo máximo de dos meses en caso de que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad acreditada y el propietario no posea más de dos inmuebles.
El juez determinó que la okupa se encontraba en una «situación de extrema vulnerabilidad y precariedad», acreditada mediante documentos aportados por el Ayuntamiento de Zaragoza que indicaban su alta en el centro municipal de servicios sociales desde marzo de 2010. «A mí me ocultó esa información cuando íbamos a firmar el contrato y me dijo que tenía una nómina. Es algo que podría constituir un presunto delito de estafa», relata.
En unas semanas María volverá a entrar en un piso que teme encontrar «muy dañado» tras varios años sin acceder a su interior. Después de vivir esta experiencia, asegura que no tiene intención de volver a alquilar. «Ahora quiero utilizar esta vivienda como segunda residencia, para cuando viaje a Zaragoza». Ha perdido la mitad de sus ahorros y sabe que no recuperará los 15.000 euros de deuda, por lo que lo único que adquiere de todo esto es un aprendizaje: «Nunca sabes cómo puede ser una persona».
Tras mudarse de Zaragoza a Barcelona, decidió poner su piso en alquiler para ganar un dinero extra, pero terminó cobrando menos que su inquilina, que percibía varias ayudas sociales
