Lima, 2 de julio de 2026.- La justicia peruana ha ordenado que el organismo regulador OSITRAN mantenga la supervisión de los derechos de los usuarios en el puerto de Chancay, uno de los proyectos portuarios más grandes del Pacífico sudamericano y cuya propiedad mayoritaria pertenece a la empresa estatal china COSCO Shipping.
La decisión refuerza el carácter público de la infraestructura y revierte un fallo previo que limitaba las competencias del regulador, en un contexto de creciente interés geopolítico en la región por parte de Estados Unidos y China.
El puerto de Chancay, pieza estratégica del comercio entre Sudamérica y Asia
El fallo de la Corte Superior de Lima, emitido el 17 de junio pero difundido recientemente, establece que el puerto de Chancay es de “uso público, independientemente de si su titularidad es privada”, lo que garantiza la continuidad de las funciones regulatorias del Estado peruano.
El complejo portuario, situado a unos 70 kilómetros al norte de Lima, permite reducir significativamente los tiempos de envío entre Sudamérica y Asia, especialmente hacia China, pasando de rutas de entre 35 y 45 días a trayectos de poco más de diez días.
Revocación de una decisión previa que limitaba la supervisión
El tribunal revocó una sentencia de enero que había restringido las competencias de OSITRAN, impidiendo al organismo ejercer funciones de regulación, fiscalización y sanción dentro del puerto.
OSITRAN es la entidad encargada en Perú de supervisar infraestructuras de transporte concesionadas, atender reclamos de usuarios y garantizar el cumplimiento de estándares de servicio en instalaciones estratégicas.
Repercusiones internacionales y disputa geopolítica
El puerto de Chancay ha sido objeto de atención internacional debido a la participación mayoritaria de COSCO Shipping, una empresa estatal china, lo que ha generado preocupación en Washington sobre la influencia de Pekín en infraestructuras críticas de América Latina.
En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su inquietud por la posibilidad de que Perú perdiera capacidad de supervisión sobre el puerto, mientras que China rechazó esas afirmaciones calificándolas de “desinformación”.
El embajador estadounidense en Perú celebró recientemente la decisión judicial, en paralelo a iniciativas de cooperación en materia de seguridad portuaria, incluida la instalación de equipos de inspección aduanera.
Un proyecto clave de la Iniciativa de la Franja y la Ruta
El puerto de Chancay fue inaugurado en 2024 por el presidente chino Xi Jinping durante una visita oficial a Perú. El proyecto forma parte de la expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con el objetivo de fortalecer la conexión logística entre Asia y América Latina.
La primera fase del proyecto contó con una inversión de aproximadamente 1.300 millones de dólares e incluye infraestructura capaz de recibir grandes buques portacontenedores, con muelles de gran capacidad y un rompeolas diseñado para operaciones de alto volumen.
Un enclave logístico bajo escrutinio internacional
La resolución judicial peruana refuerza el papel del Estado en la supervisión del puerto en un momento en que la infraestructura se ha convertido en un punto sensible de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China en la región.
El caso de Chancay se perfila así como uno de los ejemplos más relevantes de cómo la infraestructura logística global está cada vez más vinculada a disputas geopolíticas de gran escala.
