Quito, 2 de julio de 2026.- La Fiscalía de Ecuador ha presentado este miércoles una acusación formal contra siete personas, entre ellas un exministro del gobierno de Rafael Correa, como presuntos responsables de la estructura que habría planificado, financiado y ejecutado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
En un comunicado difundido en la red social X, la institución señaló que los acusados formarían parte de “una estructura que permitió planificar, financiar, coordinar y ejecutar el crimen”, en referencia al magnicidio ocurrido durante la campaña electoral de 2023.
Un caso que apunta a una red de planificación del crimen
Entre los señalados figura el exministro del Interior José Serrano, a quien la Fiscalía identifica como presunto “planificador” del asesinato. Según la investigación, Serrano habría accedido a información sensible sobre Villavicencio que posteriormente habría sido compartida con integrantes de la organización criminal Los Lobos, presuntamente encargada de ejecutar el ataque.
Asimismo, el empresario Javier Jordán es acusado de haber participado en la financiación y planificación del crimen. Villavicencio, periodista y asambleísta, había denunciado públicamente a Jordán por supuestos casos de corrupción vinculados a contratos durante la pandemia de COVID-19.
Otros implicados y vínculos políticos
Entre los otros acusados se encuentra el legislador Ronny Aleaga, vinculado al movimiento Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa. La Fiscalía sostiene que habría participado en la coordinación de acciones relacionadas con la ejecución del asesinato.
El caso también incluye a otras cinco personas investigadas por su presunta participación en distintos niveles de la estructura criminal.
Antecedentes del caso Villavicencio
Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros el 9 de agosto de 2023 al salir de un acto de campaña en Quito, en un hecho que conmocionó al país y generó una amplia condena internacional.
En julio de 2024, dos personas fueron condenadas como autores materiales del crimen a penas de casi 35 años de prisión. Además, otros siete sospechosos de nacionalidad colombiana, inicialmente detenidos en relación con el caso, fueron asesinados en prisiones de Guayaquil y Quito mientras cumplían prisión preventiva.
Etapa judicial en curso
Con la nueva acusación, el proceso entra en una fase clave en la que los jueces deberán analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, así como los testimonios de las partes involucradas, antes de emitir una sentencia.
El caso continúa siendo uno de los más sensibles en la historia reciente de Ecuador, tanto por el perfil de la víctima como por las implicaciones políticas y las presuntas conexiones con redes del crimen organizado.
