Lima, 23 de junio de 2026.- La ajustada contienda presidencial en Perú ha entrado en una fase crítica después de que el candidato izquierdista Roberto Sánchez confirmara la presentación de un recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones para solicitar la anulación de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero, una medida que podría alterar el resultado final de la segunda vuelta presidencial.
Con el 99,71 % de las actas contabilizadas, la candidata conservadora Keiko Fujimori mantiene una ventaja de aproximadamente 40.600 votos, acumulando el 50,11 % de los sufragios válidos frente al 49,88 % obtenido por Sánchez.
Sin embargo, el escenario cambia radicalmente si se excluyen los votos procedentes del exterior. Según los datos oficiales, en ese supuesto el candidato de izquierda pasaría a encabezar el conteo con el 50,11 % de los votos válidos, superando a Fujimori por cerca de 40.793 sufragios.
A través de una publicación en la red social X, Sánchez argumentó que el proceso electoral fue afectado por modificaciones implementadas por el Poder Ejecutivo, específicamente a través de la Cancillería peruana, durante la organización de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio.
“El proceso electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo”, afirmó el candidato de la coalición de izquierda.
Cancillería rechaza las acusaciones
Las acusaciones fueron rechazadas de manera categórica por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, quien aseguró que la Cancillería únicamente cumplió funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales.
Pareja subrayó que su despacho no tiene competencias sobre el conteo de votos, la calificación de actas, la resolución de impugnaciones ni la proclamación de resultados, funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades electorales.
Asimismo, defendió la integridad del proceso y aseguró que se respetaron estrictamente los protocolos de custodia del material electoral durante todo el proceso.
“Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores electorales han detectado irregularidades que sustenten las acusaciones presentadas”, manifestó el canciller.
Denuncia constitucional contra el canciller
Paralelamente, representantes legales del partido de Sánchez, Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra Pareja ante el Congreso peruano.
La agrupación sostiene que la Cancillería modificó de manera arbitraria los mecanismos de logística y custodia de las actas electorales provenientes del exterior, trasladándolas mediante valijas diplomáticas que, según denuncian, no habrían cumplido con los estándares habituales de seguridad.
No obstante, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que respalden dichas acusaciones, y las misiones internacionales de observación electoral tampoco han reportado indicios de fraude o manipulación.
Una definición que podría prolongarse varias semanas
La decisión ahora queda en manos del Jurado Nacional de Elecciones, que deberá analizar tanto las impugnaciones como los recursos presentados por ambas campañas.
Las autoridades electorales peruanas han señalado que la proclamación oficial del próximo presidente podría producirse a mediados de julio, pocos días antes de la toma de posesión prevista para el 28 de julio de 2026.
El resultado definirá quién gobernará Perú durante el período 2026-2031 en un contexto marcado por una década de inestabilidad política, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes distintos.
