La Paz, 20 de junio de 2026.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este sábado la imposición del estado de excepción en todo el país con el objetivo de restablecer la circulación en las carreteras bloqueadas desde hace siete semanas por organizaciones campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual mandatario.
La medida fue comunicada mediante un mensaje televisado y publicaciones en redes sociales, horas después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para intentar poner fin al conflicto social. Sin embargo, los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales rechazaron el pacto y anunciaron la continuidad de las movilizaciones.
«He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares», manifestó Paz.
Apoyo militar para garantizar la circulación
Según informó la Presidencia boliviana, el estado de excepción no contempla la suspensión de derechos constitucionales, aunque sí prohíbe expresamente los bloqueos de carreteras y el uso de armas, explosivos u otros elementos considerados violentos.
Asimismo, el Gobierno autorizó el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para proteger rutas estratégicas, instalaciones críticas y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y suministros médicos.
Durante su discurso, Paz aseguró que su administración priorizó el diálogo desde el inicio de las protestas, pero sostuvo que determinados sectores transformaron reivindicaciones sociales en una estrategia de desestabilización política.
Acusaciones de intento de golpe de Estado
El mandatario fue especialmente duro al referirse a los sectores movilizados, a quienes acusó de promover una ofensiva contra el orden constitucional.
«Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo», afirmó.
Paz reiteró además sus denuncias sobre la supuesta participación de estructuras políticas y sindicales vinculadas al Chapare, principal bastión político de Evo Morales en el departamento de Cochabamba.
Un conflicto que deja muertos y millonarias pérdidas
Las protestas comenzaron el pasado 6 de mayo impulsadas por la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas que exigían la salida del presidente. Posteriormente, grupos cercanos a Evo Morales se sumaron a las movilizaciones y reforzaron los bloqueos en distintas regiones del país.
Aunque la COB decidió suspender sus medidas de presión tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo, los sindicatos campesinos y los sectores afines al exmandatario mantienen las protestas y aseguran que continuarán hasta lograr la dimisión de Paz.
El conflicto ha provocado graves consecuencias económicas y sociales. Según cifras oficiales, los bloqueos han generado pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares, además de desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.
Las autoridades también reportaron al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 habrían perdido la vida por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los cortes de carreteras.
Crece la tensión política en Bolivia
La declaración del estado de excepción marca una nueva fase en la crisis política que atraviesa Bolivia y aumenta la tensión entre el Gobierno y los sectores opositores.
Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una acción necesaria para garantizar el orden público y el abastecimiento nacional, los movimientos sociales que continúan movilizados denuncian que la decisión busca reprimir las protestas y fortalecer el control gubernamental frente al creciente descontento social.
La evolución de los acontecimientos en los próximos días será clave para determinar si la medida logra restablecer la normalidad o profundiza aún más la confrontación política en el país.
