Quito, 29 de septiembre. Las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) cumplieron una semana con un saldo de un manifestante fallecido, 12 militares heridos y 17 retenidos, además de acusaciones cruzadas entre el Gobierno y el movimiento indígena. Mientras la Conaie denuncia represión letal de las fuerzas del orden, el Ejecutivo sostiene que se trata de emboscadas criminales contra convoyes militares.
La provincia de Imbabura se mantiene como epicentro de las movilizaciones. En Otavalo, un destacamento policial fue atacado por cerca de un millar de manifestantes, que incendiaron diez vehículos e intentaron tomar las instalaciones. Tras los disturbios, varios fueron detenidos, incluidos 12 indígenas procesados por terrorismo y dos venezolanos que, según el Gobierno, pertenecerían a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, catalogada como terrorista en Ecuador.
Un comunero indígena muerto y denuncias de represión
La Conaie denunció la muerte de Efraín Fuerez, comunero de Cuicocha, quien habría fallecido por un impacto de bala de las Fuerzas Armadas. El movimiento indígena rechazó lo que calificó como un “uso letal de la fuerza contra comuneros”, mientras difundió videos en redes sociales de enfrentamientos en La Esperanza (Imbabura) y denunció bloqueos de internet en Cotacachi y Otavalo.
El Gobierno, hasta ahora, no ha confirmado ni desmentido oficialmente la denuncia. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, afirmó que los incidentes registrados en Cotacachi fueron en realidad una “emboscada cobarde” organizada por estructuras criminales.
“Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza”, declaró Rovira.
Afectaciones a servicios y tensiones crecientes
La Empresa de Agua Potable de Ibarra reportó daños en su red de distribución tras la rotura de tuberías bajo el puente de Rumipamba, lo que dejó a varios sectores de la parroquia de Caranqui con baja presión o sin suministro de agua.
En redes sociales circularon también imágenes de la comunidad indígena shipibo denunciando impactos de balas de goma, así como bloqueos en la provincia de Bolívar.
El detonante: la eliminación del subsidio al diésel
El origen del conflicto es la eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa, que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. Según el Gobierno, los 1.100 millones de dólares que representaba el subsidio se están redirigiendo a sectores vulnerables, además de afectar a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
La Conaie exige la derogatoria inmediata del decreto y la liberación de los detenidos. Noboa, sin embargo, se mantiene firme, recordando que en 2019 y 2022 protestas similares obligaron a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir medidas de ajuste fiscal vinculadas al Fondo Monetario Internacional (FMI).
