Redacción, 15 de octubre.- La prohibición de acuerdos conciliatorios figura entre los puntos centrales de una iniciativa presentada por el Gobierno de El Salvador para endurecer las consecuencias penales de los delitos cometidos con vehículos de transporte público y de carga.
El proyecto contempla sanciones tanto para los conductores sin licencia como para quienes les permitan operar las unidades, según informó Diario El Mundo, diario salvadoreño.
La propuesta remitida a la Asamblea Legislativa busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Su alcance abarca a conductores de transporte colectivo de pasajeros y de carga que circulen sin la autorización requerida, aun cuando no hayan generado un riesgo concreto para una persona.
La reforma plantea que conducir esos vehículos sin licencia o permiso sea considerado conducción peligrosa y reciba una pena de dos a cinco años de prisión. El proyecto también elimina la posibilidad de cerrar estos casos mediante conciliación, mediación o reparación integral.
El proyecto eleva los castigos cuando la conducción peligrosa cause homicidios o lesiones. Para quienes conduzcan vehículos automotores, la pena podría alcanzar hasta 10 años de cárcel.
En el caso de los conductores de transporte público o de carga, el máximo previsto sube a 15 años de prisión cuando el hecho provoque muertes o lesionados.
La iniciativa no se limita a los motoristas. También propone penas de cinco a 10 años para el propietario, poseedor o responsable de un vehículo de transporte colectivo o de carga de ocho toneladas o más que permita que otra persona lo conduzca sin la licencia correspondiente.
La sanción para esos responsables podría aumentar en un tercio si la decisión de autorizar a un conductor no habilitado deriva en un homicidio culposo o lesiones. Tanto los propietarios como los conductores también tendrían que responder civilmente por los daños, las lesiones o las muertes que ocasionen.
La iniciativa ingresó al pleno legislativo y fue remitida a la Comisión de Seguridad Nacional, que tenía previsto abordar el expediente en una sesión posterior. El Gobierno también planteó cambios procesales para impedir la conciliación en casos de lesiones culposas, homicidios culposos y conducción peligrosa vinculados con vehículos de motor.
Las modificaciones incluyen el delito de facilitar vehículos de transporte público o de carga a personas sin autorización para conducirlos, según Diario El Mundo.
