México, 28 de septiembre.- Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, llega con deudas para las mujeres y personas gestantes en México. El pendiente en materia de despenalización de la interrupción del embarazo aún persiste en al menos 8 entidades.
Sin embargo, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2023, la cual declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto en el país, las mujeres se siguen enfrentando a un panorama lejano, así lo destaca el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que exhibe la existencia de 466 carpetas y averiguaciones previas por el delito de aborto.
El avance por el derecho a decidir ha sido impulsado por la Marea Verde del país, mujeres activistas, colectivas y organizaciones que se han lanzado a confrontar a legisladores y gobiernos que siguen negándose a que las mujeres decidas sobre sus cuerpos.
A veinte años de que la Ciudad de México se convirtiera en pionera, las mujeres se han visto obligadas a seguir viajando a la capital para acceder a un servicio que debería estar garantizado en sus estados, pero que por falta de políticas públicas el derecho sigue coartando su decisión.
En los 24 estados donde el aborto está permitido, las leyes habilitan el acceso al derecho bajo ciertas causales y no basta la voluntad de las mujeres para llevar a cabo el procedimiento: violación, estupro, inseminación artificial no consentida, peligro de vida, alteraciones genéticas o situación económica precaria.
El procedimiento puede practicarse desde el momento en que se detecta el embarazo y hasta el límite de semanas que fije cada entidad, con una temporalidad máxima que oscila entre las 6 y las 13 semanas según el caso.
Además, las sanciones pueden llegar a penas de entre 6 meses y 2 años de prisión, según la entidad y las semanas de gestación involucradas; también se contemplan medidas como trabajo comunitario, multas, tratamientos psicológicos y de salud, éstas dependerán del código penal de cada entidad.
La mayoría de las 24 entidades han despenalizado el aborto hasta las doce semanas, sin embargo, los derechos de las mujeres en entidades conservadoras como Aguascalientes han retrocedido, permitiendo el procedimiento solo hasta las seis semanas, una acción que fue impulsada desde el gobierno de la panista, María Teresa Jiménez Esquivel.
En Chihuahua, Coahuila y Colima la despenalización llegó por vía judicial o mediante regulación en las leyes locales, sin un tope de semanas definido en esos términos, situación que se repite en Hidalgo y Veracruz, este último con programas específicos para la atención del aborto.
Por su parte, en Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala se mantienen la penalización.
