Redacción, 12 de noviembre.- La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de Guatemala revisó este miércoles las enmiendas a la iniciativa 6614, una ley contra la usura y las prácticas abusivas de cobro que busca proteger el salario mínimo de embargos, regular a prestamistas informales y tipificar el agiotismo como delito. La propuesta ya superó dos debates y entró en la etapa de redacción final de artículos antes de su discusión en el pleno.
El texto excluiría a los bancos del sistema, las cooperativas de ahorro y crédito, las entidades de microfinanzas sin fines de lucro y otras instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos. La norma se concentraría en prestamistas informales, proveedores de crédito comercial y gestores de cobro que actúan fuera del sistema financiero regulado.
La reunión híbrida fue presidida por el diputado Jorge Ayala y contó con la participación de la diputada Nadia de León, ponente de la iniciativa. Las modificaciones fueron trabajadas junto con el exdiputado Mariano Rayo, la Asociación Bancaria de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.
De León pidió el respaldo formal de la comisión para llevar los cambios al pleno y sostuvo: “Vemos muy necesario que los guatemaltecos estén protegidos con una ley contra la usura y el proceso de cobro de deudas”.
Las enmiendas buscan precisar que las entidades financieras reguladas no estarán alcanzadas por la futura ley. Ayala explicó que el objetivo es dejar expresamente delimitadas las exclusiones dentro de la normativa.
La ponente indicó que las microfinancieras que operan bajo el marco legal vigente mantendrán ese tratamiento, mientras que aquellas sin regulación formal quedarían sujetas a la nueva legislación. De León afirmó: “El sistema bancario nunca estuvo incluido en esta ley. Aquí lo que hicimos fue dejarlo más claro. Tampoco están las cooperativas ni las microfinancieras, porque ellas ya tienen su propia ley”.
La iniciativa establecería la nulidad de cláusulas abusivas, como la capitalización de intereses y las penalidades desproporcionadas. También fijaría un límite para las tasas de interés ordinarias y moratorias, que no podrían superar el doble de la tasa activa promedio publicada por el Banco de Guatemala.
El salario mínimo quedaría protegido frente a embargos judiciales. Las retenciones solo podrían aplicarse sobre la parte del ingreso que exceda ese umbral y no sobre la totalidad de la remuneración.
De León señaló que existen personas a quienes se les embarga todo el salario y que terminan percibiendo entre 30 y 90 quetzales. La legisladora sostuvo que esa situación justifica la protección prevista en la reforma.
La propuesta prevé que el deudor pueda solicitar una conciliación voluntaria antes de enfrentar un proceso judicial. De León afirmó que el 98% de los guatemaltecos quiere cumplir con sus obligaciones, “pero de una forma justa y de una forma digna”.
