Lima, 25 de septiembre.- Un operario minero fue secuestrado el 22 de septiembre cuando salía de su vivienda en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. La Policía sostiene que el caso presenta similitudes con los secuestros de un trabajador de una distribuidora de gas y de un empresario dedicado al rubro de la panificación.
El jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, coronel PNP Jorge Carpio, informó que los tres casos estarían relacionados por el modus operandi utilizado por los delincuentes. Entre las coincidencias identificadas figuran el vehículo empleado, las armas de fuego mostradas durante las amenazas y la forma en que los secuestradores grabaron videos para exigir dinero a los familiares.
El primer caso ocurrió el 22 de septiembre, cuando el operario minero salió de su domicilio en San Juan de Lurigancho para encontrarse con una mujer. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de videovigilancia revisadas por la Policía, un vehículo oscuro, de marca Chevrolet, lo interceptó.
Del automóvil descendieron tres sujetos encapuchados que portaban armas de fuego. Los delincuentes redujeron al trabajador, lo inmovilizaron y lo obligaron a ingresar al vehículo para trasladarlo hasta un inmueble utilizado como lugar de cautiverio.
Durante el cautiverio, los delincuentes grabaron al operario minero mientras este pedía a sus familiares que cumplieran con una exigencia económica de S/70 mil.
Sin embargo, debido a que los secuestradores no lograron mantener un contacto constante con la familia, optaron por sustraer dinero directamente de las cuentas bancarias de la víctima. Según informó el coronel Carpio, consiguieron extraer S/2 mil.
Posteriormente, el operario fue liberado en las inmediaciones del puente Atocongo, en el sur de Lima. La Policía comenzó entonces a seguir el rastro de los responsables y detectó coincidencias con otro secuestro ocurrido al día siguiente.
El jefe policial señaló que existen similitudes entre el secuestro del operario minero y el de un trabajador de una empresa distribuidora de gas. En ambos casos se habría utilizado el mismo vehículo, según la revisión de las imágenes de las cámaras de videovigilancia.
La Policía también encontró coincidencias en las armas de fuego utilizadas para intimidar a las víctimas y en la manera en que los delincuentes las grabaron para obligarlas a enviar mensajes a sus familiares durante el cautiverio.
En el segundo caso, la exigencia económica habría ascendido a S/100 mil.
