Redacción, 18 de septiembre.- La búsqueda de casa para el expresidente Gustavo Petro se ha convertido en una ‘misión imposible’, tras conocerse que algunos de los residentes de un exclusivo sector del norte de Bogotá expresaran sus reparos a la llegada de su nuevo vecino, e hicieron mención de su presencia en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.
En efecto, los habitantes del conjunto Sierras del Moral indicaron en una misiva del 18 de septiembre su eventual rechazio a la llegada de Petro y pidieron una revisión jurídica previa por la inclusión del exmandatario en la referida lista. La carta fue revelada por la periodista D’arcy Quinn, en relación con las dificultades del exmandatario para asentarse.
El conjunto está ubicado cerca a los cerros orientales de la capital de la República, en la localidad de Usaquén. En la carta, los firmantes dejaron en claro que su comunicado no representa una posición institucional de la administración, los consejos ni la totalidad de los residentes; aunque sí representa una férrea oposición frente a la posible llegada de Petro.
Los residentes afirmaron que consultaron el registro oficial de Ofac el día de la emisión de la carta y encontraron allí el nombre del exmandatario en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN. Para ellos, ese registro exige que cualquier operación inmobiliaria sea examinada antes de adquirir compromisos por parte del conjunto.
Al referirse a las eventuales consecuencias para quienes intervengan en la operación, insistieron en sus observaciones. “Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, indicaron los firmantes.
En ese orden de ideas, la comunicación solicitó a los propietarios e intermediarios que busquen asesoría especializada. También pide a la administración analizar, dentro de sus competencias, posibles necesidades relacionadas con la seguridad, la convivencia y el uso de las zonas comunes, al tratarse de un hombre públicamente expuesto y con amenazas en su contra.
En su pronunciamiento, los vecinos precisaron que la inclusión en Ofac no constituye una condena penal ni impone automáticamente una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia. “No atribuimos delitos ni irregularidades al señor Petro o a terceros”, indicaron, aunque sí representaría un riesgo jurídico para que se arriende un inmueble a Petro.
