Zaragoza, 18 de septiembre.- La muerte de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria de 21 años asesinada en México mientras se encontraba de intercambio universitario, ha revelado cierta falta de control en los protocolos de comunicación y seguimiento al alumnado de este tipo de programas. No ha quedado claro por qué la Universidad de Granada, donde estudiaba en origen la joven, no suspendió la movilidad, pese a existir alertas de un incremento de la violencia y secuestros en el lugar de los hechos. Tampoco se sabe por qué la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no comunicó los otros tres asesinatos previos de alumnas al campus español ni por qué éste no se enteró de ellos, pese a que se suspendieron las clases, hubo comunicados públicos y los propios estudiantes hicieron concentraciones de repulsa.
Claudia se ha convertido en un símbolo del estudiantado mexicano, que reclama más seguridad ante la oleada de violencia. En España, la Universidad de Zaragoza está revisando los convenios, mientras las universidades de Granada y La Laguna han cancelado sus acuerdos con Morelos. El miércoles, los campus andaluces se reunirán para revisar sus protocolos de internacionalización.
«Tendremos que ponernos manos a la obra para todo lo que permita mejorar, afinar y completar de una forma mejor nuestros protocolos», ha admitido Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada, que es la que exporta más jóvenes al extranjero y, según distintas fuentes, «el gran motor español de la movilidad».
El principio de autonomía universitaria lleva a que haya tantos protocolos de estancias formativas en el extranjero como campus hay, cerca de un centenar. Unos 44.000 estudiantes matriculados en universidades españolas -el 3% del total- salen anualmente al extranjero mediante algún programa de movilidad, un 22% más que hace una década. Salvo incidencias muy puntuales, han sido destinos seguros para los estudiantes. Pero se suceden las catástrofes naturales y los conflictos bélicos y hay que prepararse para una vida cada vez más cambiante e incierta.
«Habrá que revisar y reforzar las pautas que se trasladan a los estudiantes», señalan fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), que el pasado abril aprobó una guía para elaborar protocolos de emergencias para orientar a los campus sobre cómo redactar sus propias normas. «No es un protocolo como tal para aplicar textualmente. Se trata de recomendaciones, ya que las universidades son autónomas y ellas deciden», añaden las fuentes. Su documento, en todo caso, clasifica por niveles las emergencias: el 1 para las básicas o administrativas, el 2 para enfermedades, asaltos sin violencia grave o arrestos policiales y el 3 para casos «de nivel crítico», como desapariciones, muertes, desastres naturales, atentados terroristas o conflictos bélicos. En estos casos, la recomendación es dejar actuar a la embajada o al consulado.
La mayoría de protocolos de las universidades recomiendan es obedecer las indicaciones del Ministerio de Exteriores, antes y después del viaje. Así lo establece el artículo 27 del Reglamento de Movilidad Internacional de la Universidad de Granada: «Con el fin de velar por la seguridad del estudiantado enviado, el Vicerrectorado seguirá las recomendaciones de viaje de Exteriores».
También lo dicen las pautas para las estancias formativas de los estudiantes de este mismo campus: hay que «darse de alta en el Registro de Viajeros» e «informarse sobre las recomendaciones de viaje del Ministerio de Exteriores para su destino».
En la Crue lo confirman: «Los estudiantes están advertidos de que siempre se tienen que dar de alta en la plataforma de viajeros del Ministerio de Exteriores para recibir información y alertas relativas al país en el que están. Además, cada universidad tiene una red de contactos que tienen en cuenta la seguridad, los servicios, las costumbres…».
Lo que ocurre es que darse de alta en este registro no significa recibir alertas sobre los cambios de riesgo de un país, sino que sólo funciona para emergencias graves, como una catástrofe natural o un conflicto bélico. «Es más bien un instrumento para poder localizar al viajero», señalan en Exteriores. El estudiante que quiere saber cómo se encuentra de verdad el lugar al que va a viajar tiene que informarse por sus propios medios o confiar en que le alerte la universidad. Esto no ocurrió en el caso de Claudia Tacoronte: según ha contado la vicerrectora de Granada, el campus mexicano no les avisó de la oleada de feminicidios en la que se había visto envuelta.
José Manuel Sánchez, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), dependiente del Ministerio de Universidades, explica que las universidades que forman parte de Erasmus deben firmar la carta ECHE, que incluye una serie de compromisos entre los que se encuentra la seguridad. En el tiempo que lleva en el cargo, la Sepie no ha denegado la firma de ninguna carta ni ha recibido ninguna denuncia por problemas de este tipo en el marco europeo.
