Redacción, 7 de septiembre.- El Congreso puede tumbar este jueves la Cuenta General del Estado de 2024, después de que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordara en junio rechazarla y devolverla al organismo fiscalizador. Sería una decisión con una importante carga política y abriría un precedente en el control parlamentario de las cuentas públicas.
Pero rechazar una Cuenta General del Estado no es lo mismo que tumbar unos Presupuestos Generales del Estado. Mientras estos últimos fijan cuánto prevé ingresar y gastar el sector público, la Cuenta General se elabora después para mostrar qué ocurrió realmente con ese dinero durante un ejercicio que ya ha terminado. Esa diferencia es también la que determina hasta dónde llegan las consecuencias de la votación para el Gobierno y para los ciudadanos.
En este caso, el Parlamento examina la gestión correspondiente a 2024, un año en el que no se aprobaron nuevos Presupuestos y continuaron vigentes los de 2023. El Tribunal de Cuentas fiscalizó posteriormente la Cuenta General y emitió una opinión favorable con salvedades, pero la Comisión Mixta, en la que PP y Vox suman mayoría, decidió el pasado 23 de junio rechazar su Declaración y reclamar un análisis adicional sobre los efectos de las sucesivas prórrogas presupuestarias.
La Cuenta General sirve para rendir cuentas una vez cerrado el ejercicio: permite comprobar cuánto se ingresó y gastó realmente y cómo se ejecutaron las partidas que habían sido autorizadas en los Presupuestos. Constituye así uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas del sector público ante las Cortes Generales.
Por eso, que el Congreso rechace la Cuenta General de 2024 no anula los gastos que ya se hicieron ese año ni deja sin efecto los Presupuestos actualmente vigentes. Tampoco implica por sí mismo que se suspendan pensiones, prestaciones por desempleo, nóminas de empleados públicos, inversiones o servicios del Estado.
La consecuencia inmediata que plantea la resolución parlamentaria es otra: devolver al Tribunal de Cuentas su Declaración y pedirle que la complete con un informe técnico-jurídico sobre los efectos de la prórroga presupuestaria. La Comisión Mixta estableció para ello un plazo de tres meses.
El efecto del rechazo sería, por tanto, principalmente político e institucional: supondría una censura parlamentaria sobre la forma en que se rindieron y gestionaron las cuentas de aquel ejercicio, pero no equivale a rechazar unos Presupuestos ni obliga por sí mismo a convocar elecciones o a que caiga el Gobierno.
Uno de los principales motivos que explican el rechazo parlamentario está en la falta de unos nuevos presupuestos. El Gobierno no presentó durante 2024 un proyecto de PGE, por lo que se prorrogaron automáticamente los aprobados para 2023. La propia Declaración del Tribunal de Cuentas señala que esta situación generó incertidumbre sobre la aplicación de determinadas normas relacionadas con la gestión presupuestaria.
Durante aquel ejercicio, además, el Gobierno fue introduciendo modificaciones para adaptar esas cuentas prorrogadas a nuevas necesidades de gasto. Como resultado, el importe finalmente autorizado para gastar fue 77.341,9 millones de euros superior al que figuraba al inicio de 2024.
El Tribunal también detectó que el resultado presupuestario consolidado -el saldo que resulta de comparar los ingresos y gastos del conjunto analizado- estaba sobrevalorado en 4.090,3 millones, porque determinadas obligaciones y derechos se habían contabilizado en un ejercicio distinto al que correspondían.
