Montreal, 12 agosto.- Una ley aprobada por Quebec en 2022 para eliminar la obligación de que los miembros de la Asamblea Nacional juren lealtad al rey Carlos III enfrenta un desafío constitucional ante el Tribunal Superior de Quebec, que podría volver a abrir un debate sobre los límites de las competencias de la provincia y su relación con la Constitución canadiense.
La demanda fue presentada el lunes en Montreal por el Instituto de Litigios de Interés Público y su fundador, el abogado constitucionalista Lawrence David, profesor de Derecho de la Universidad de Ottawa.
El Fiscal General de Quebec figura como demandado, mientras que el Fiscal General de Canadá participa como parte interesada.
La ley fue aprobada en 2022
El caso se centra en el Proyecto de Ley 4, aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional de Quebec en diciembre de 2022 durante el Gobierno de la Coalition Avenir Québec (CAQ).
La legislación incorporó una modificación a la Ley Constitucional de 1867 para establecer que el juramento de lealtad al monarca ya no sería obligatorio para los diputados de Quebec.
La reforma se produjo después de una fuerte controversia política. Varios diputados del Partido Quebequense (PQ), de orientación independentista, se habían negado a prestar juramento al rey Carlos III y, como consecuencia, no pudieron ocupar sus escaños en la Asamblea Nacional.
El Gobierno de la CAQ terminó impulsando la eliminación del requisito después de recibir presiones políticas para modificar la obligación constitucional.
La demanda sostiene que Quebec no podía modificar la norma por sí solo
Los demandantes argumentan que Quebec no tenía autoridad constitucional para eliminar unilateralmente el juramento.
Según la demanda, una modificación de este tipo requería el consentimiento unánime de la Cámara de los Comunes, el Senado y todas las legislaturas provinciales de Canadá, debido a la naturaleza de las disposiciones constitucionales relacionadas con la Corona y los requisitos de los legisladores.
El litigio también plantea un argumento relacionado con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, específicamente con su artículo 3, que protege el derecho de los ciudadanos a una representación política efectiva.
La demanda sostiene que los políticos que no prestan el juramento obligatorio no estarían legalmente habilitados para ejercer como miembros de la Asamblea Nacional y, por tanto, podrían plantearse dudas sobre la validez de las decisiones adoptadas por una legislatura integrada por personas que no cumplen ese requisito.
El caso podría afectar a las próximas elecciones
El desafío judicial adquiere especial relevancia ante la proximidad de las elecciones provinciales de Quebec, previstas para el 5 de octubre de 2026.
Los demandantes advierten que, si los tribunales determinan que la ley de 2022 es inconstitucional, podrían surgir interrogantes sobre la legitimidad de una futura Asamblea Nacional cuyos miembros hayan asumido sus funciones sin prestar el juramento al monarca.
Esto podría convertir el litigio en un asunto de gran importancia institucional durante el periodo electoral y obligar a los tribunales a pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas de la reforma.
“Las instituciones democráticas deben respetar la Constitución”
Lawrence David explicó que decidió emprender la acción judicial tanto por razones profesionales como personales.
“Soy de Montreal, nací y me crié allí, y tengo muchos familiares en Montreal”, declaró a la CBC.
El abogado sostuvo que el objetivo fundamental es garantizar que las instituciones políticas y democráticas de Quebec actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución canadiense.
La demanda no cuestiona únicamente la decisión política de eliminar el juramento, sino que plantea una cuestión más amplia sobre quién tiene autoridad para modificar elementos establecidos en la Constitución de Canadá.
El Gobierno de Quebec y Ottawa aún no responden
Hasta ahora, ni el Ministerio de Justicia de Quebec ni el Departamento de Justicia de Canadá habían respondido públicamente a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.
El Tribunal Superior de Quebec deberá ahora estudiar los argumentos presentados por los demandantes y determinar si la legislación aprobada en 2022 se ajusta al marco constitucional canadiense.
El caso podría convertirse en uno de los debates constitucionales más relevantes de Quebec en los últimos años, especialmente por su posible impacto sobre la composición y el funcionamiento de la Asamblea Nacional después de las próximas elecciones.
