Edmonton, 21 Julio.- El Gobierno de Alberta planea incluir varias preguntas relacionadas con la inmigración y el acceso a servicios públicos en el referéndum provincial del próximo 19 de octubre, con propuestas que buscan reducir los niveles migratorios y establecer nuevas condiciones para que algunos residentes temporales puedan acceder a programas financiados por la provincia.

La administración de Alberta sostiene que el aumento de residentes temporales ha generado una fuerte presión sobre los sistemas públicos de salud y educación, con un costo estimado superior a los 1.000 millones de dólares canadienses.

Una de las propuestas plantea que solo los ciudadanos canadienses, residentes permanentes y personas con un estatus migratorio aprobado por Alberta puedan acceder a determinados programas provinciales.

¿Qué significa un estatus migratorio aprobado por Alberta?

El Gobierno provincial señala que actualmente selecciona a miles de inmigrantes mediante el Programa de Nominación Provincial de Alberta (AAIP), un mecanismo que permite recomendar candidatos para la residencia permanente según las necesidades económicas de la provincia.

Este año, Alberta tiene previsto nominar a unas 6.500 personas, principalmente trabajadores cuyos perfiles laborales son considerados prioritarios para la economía provincial.

De aprobarse la propuesta, estos inmigrantes contarían con un reconocimiento especial por parte del Gobierno de Alberta.

Más de 400.000 residentes temporales en tres años

Las autoridades provinciales estiman que más de 400.000 inmigrantes temporales llegaron a Alberta durante los últimos tres años.

Estos residentes serían los principales afectados por una eventual reforma, ya que podrían verse obligados a pagar por ciertos servicios actualmente financiados con fondos públicos.

Algunas categorías de inmigrantes y visitantes ya deben contar con seguros médicos privados, pero la medida propuesta extendería esta obligación a un grupo más amplio de residentes temporales.

Los refugiados, en general, continuarían cubiertos por programas federales de salud, aunque podrían enfrentar cambios en otros servicios sociales o educativos.

Posibles cambios legislativos después del referéndum

El referéndum no implementaría automáticamente las nuevas normas. Si los votantes respaldan las propuestas, el Gobierno de Alberta tendría que presentar proyectos de ley específicos que posteriormente deberían ser aprobados por la legislatura provincial.

Además, expertos advierten que algunas medidas podrían enfrentar desafíos legales ante los tribunales, especialmente por cuestiones relacionadas con competencias federales y derechos garantizados por la legislación canadiense.

Las preguntas que Alberta someterá a votación

Entre las consultas previstas figuran:

  • Si los ciudadanos apoyan que Alberta tenga mayor control sobre la inmigración para reducir los niveles actuales, priorizar la migración económica y favorecer a los residentes provinciales en nuevas oportunidades laborales.
  • Si están de acuerdo con una ley que limite el acceso a programas provinciales como salud, educación y servicios sociales a ciudadanos canadienses, residentes permanentes y personas con estatus migratorio aprobado por Alberta.
  • Si respaldan exigir que los residentes con estatus migratorio legal no permanente vivan al menos 12 meses en Alberta antes de acceder a ciertos programas de apoyo social.
  • Si apoyan establecer tarifas o gravámenes para inmigrantes temporales por el uso de servicios públicos como atención médica y educación.
  • Si desean que se exija presentar una prueba de ciudadanía, como pasaporte, certificado de nacimiento o tarjeta de ciudadanía, para votar en elecciones provinciales.

La iniciativa forma parte del debate nacional sobre inmigración en Canadá, mientras varias provincias presionan al Gobierno federal para tener mayor influencia sobre los niveles migratorios y la distribución de recursos públicos.

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