Madrid, 2 de julio de 2026.- El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España ha recibido un total de 1.174.978 solicitudes, de las cuales el 81% corresponde a personas menores de 45 años y el 43% son mujeres, según datos oficiales presentados este jueves por la Secretaría de Estado de Migraciones.
La medida, diseñada para facilitar la integración de extranjeros en situación administrativa irregular, ha generado una de las mayores movilizaciones administrativas en materia de migración en España en los últimos años.
Más de 600.000 solicitudes admitidas a trámite
Durante una rueda de prensa, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, informó de que hasta el momento se han admitido a trámite 609.737 solicitudes, lo que permite a los solicitantes acceder de forma provisional a un permiso de residencia y trabajo en el país mientras continúa la evaluación de sus expedientes.
No obstante, apenas unas 11.000 solicitudes han sido resueltas de forma definitiva, lo que refleja que el proceso se encuentra aún en una fase inicial de tramitación.
Las autoridades han subrayado que la magnitud del volumen de peticiones supone un importante reto administrativo para los servicios de extranjería, que están reforzando recursos para agilizar la gestión.
La mayoría de las solicitudes se han presentado por vía digital
Uno de los datos más relevantes del informe es el alto grado de digitalización del proceso. Según el Gobierno, el 83,2% de las solicitudes (977.876 en total) se han presentado de forma telemática, una tendencia que confirma la consolidación de los procedimientos electrónicos en el ámbito de la administración migratoria española.
Las autoridades destacan que este modelo ha permitido agilizar el registro inicial de solicitudes y reducir la carga presencial en oficinas de extranjería.
Perfil de los solicitantes: jóvenes y con formación
El análisis del perfil de los solicitantes, basado en una encuesta voluntaria respondida por 36.187 personas, revela que el colectivo está compuesto mayoritariamente por personas jóvenes y con niveles de formación relativamente altos.
Según los datos presentados por la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, alrededor de 8 de cada 10 solicitantes tiene competencias lingüísticas plenas en español, lo que facilita su integración social y laboral.
Además, aproximadamente dos tercios cuentan con educación postobligatoria, mientras que cerca del 49% dispone de permiso de conducir, un indicador que las autoridades consideran relevante para su inserción en el mercado laboral.
Debate sobre la integración y la política migratoria
El volumen de solicitudes y el perfil de los beneficiarios potenciales reabre el debate sobre la política migratoria en España y la capacidad del sistema para integrar de manera efectiva a cientos de miles de personas en el mercado laboral.
El Gobierno defiende que este tipo de procesos extraordinarios contribuyen a regularizar situaciones administrativas, reducir la economía sumergida y mejorar la cohesión social.
Sin embargo, el ritmo de resolución de expedientes y el impacto a largo plazo sobre los servicios públicos continúan siendo objeto de seguimiento por parte de expertos y organizaciones sociales.
