Bogotá, 1 de julio de 2026.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó este miércoles las dos primeras sentencias definitivas emitidas por el Tribunal para la Paz, ratificando las condenas contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC por secuestros, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, así como contra doce exmilitares colombianos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas en la región Caribe.
La decisión fue adoptada por la Sección de Apelación de la JEP, que resolvió los recursos presentados por víctimas, comparecientes y el Ministerio Público. El fallo establece además criterios jurídicos que servirán como precedente para los once macrocasos que actualmente investiga este sistema de justicia transicional.
El presidente de la Sección de Apelación, Eduardo Cifuentes, calificó la decisión como un paso trascendental para la consolidación de la justicia restaurativa en Colombia.
En el denominado Caso 01, la JEP confirmó la responsabilidad penal de los exlíderes guerrilleros Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
El tribunal los declaró responsables de crímenes de guerra, entre ellos toma de rehenes y homicidio, así como de delitos de lesa humanidad, incluyendo privación de la libertad, asesinato y desaparición forzada.
Asimismo, cinco de los excomandantes fueron condenados bajo el principio de responsabilidad de mando por no impedir la comisión de delitos como tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otras violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por integrantes de la antigua guerrilla.
Según la JEP, los exdirigentes son considerados los máximos responsables de más de 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto armado colombiano con fines de financiación, presión política y control territorial, hechos que estuvieron acompañados de torturas, violencia sexual, condiciones inhumanas de cautiverio y otras graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las víctimas.
La Sección de Apelación también modificó algunos aspectos de la sentencia inicial para fortalecer el cumplimiento de las sanciones restaurativas, incorporando propuestas formuladas por las víctimas, estableciendo cronogramas específicos y fijando restricciones concretas a los derechos y libertades de los condenados durante los ocho años que durarán las sanciones propias, previstas entre agosto de 2026 y febrero de 2034.
Ratificadas las condenas contra exmilitares por los llamados «falsos positivos»
En una segunda decisión, la JEP confirmó las sanciones impuestas a doce exintegrantes del Batallón La Popa del Ejército colombiano por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que posteriormente fueron presentados falsamente como guerrilleros abatidos en combate entre 2002 y 2005.
Los magistrados ratificaron las condenas por hechos que dejaron 135 víctimas en 77 casos documentados, entre ellas miembros de los pueblos indígenas kankuamo, wiwa y wayúu.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, expresó que ninguna sentencia podrá reparar plenamente el sufrimiento de las víctimas, aunque destacó la importancia de avanzar hacia la verdad, la reparación y la no repetición.
La Sección de Apelación resolvió un total de 19 recursos y revocó las condenas por los delitos de persecución y tortura al considerar que esos cargos fueron incorporados sin cumplir el procedimiento legal correspondiente.
El fallo mantiene los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR), entre ellos la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios en el cementerio Ecce Homo de Valledupar, como parte del Plan Integral de Memorialización de la costa Caribe, además de futuros proyectos destinados a preservar la memoria histórica mediante centros culturales y espacios de reconocimiento para las víctimas.
Estas decisiones representan un hito para la justicia transicional colombiana al constituir las primeras sentencias definitivas de la JEP desde su creación tras el Acuerdo de Paz de 2016.
