Madrid, 29 de junio de 2026. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar “fabricando votantes” a través de la conocida como ley de nietos, en referencia a la Ley de Memoria Democrática que permite a descendientes de españoles obtener la nacionalidad.
En una entrevista en EsRadio, Feijóo aseguró que el Ejecutivo estaría impulsando una estrategia de “ingeniería electoral” con el objetivo de aumentar el censo de votantes en el futuro.
“Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas”, afirmó el dirigente popular.
El líder de la oposición sostuvo además que el Gobierno podría incrementar en “dos millones y medio” el número de potenciales votantes en un corto periodo de tiempo, y cuestionó la aplicación de la ley en el exterior, sugiriendo que algunos beneficiarios podrían no tener conocimiento del sistema político español.
Ayuso endurece el discurso y el Gobierno responde con dureza
A las declaraciones de Feijóo se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien advirtió a los cónsules que la concesión de nacionalidad a quienes no cumplen los requisitos sería “ilegal”, en referencia al mismo proceso.
Desde el Gobierno, la ministra portavoz, Elma Saiz, respondió calificando las acusaciones de “irresponsabilidad mayúscula” y acusó al PP de alimentar un discurso de confrontación sin base.
Saiz defendió que los procesos electorales en España son “de los más sólidos del mundo” y negó cualquier vínculo entre la ley y la obtención de derechos electorales.
“El PP mezcla deliberadamente la regularización extraordinaria de inmigrantes con el derecho al voto, cuando sabe perfectamente que no tienen relación”, afirmó.
Qué es la ‘ley de nietos’
La denominada ley forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, y permite solicitar la nacionalidad española a los descendientes de ciudadanos que se vieron obligados a abandonar el país durante la Guerra Civil o la dictadura franquista.
Según datos del Gobierno, alrededor de 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad bajo esta normativa, y más de 306.000 ya han sido reconocidas oficialmente como ciudadanos españoles.
La norma se enmarca en una política de reparación histórica hacia los exiliados, pero ha generado debate político en torno a su alcance y efectos demográficos.
