Madrid, 24 Mar.- El Gobierno español vetó este martes en la Mesa del Congreso dos enmiendas del Partido Popular (PP) a la proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia, incluyendo la que endurecía los requisitos para la regularización de migrantes al exigir, en todos los casos, un certificado oficial de antecedentes penales.
Fuentes parlamentarias explicaron que las enmiendas, introducidas en el Senado por el PP y que debían votarse este jueves en el Congreso, fueron vetadas por considerar que su aprobación incrementaría el gasto público.
Una de las propuestas populares planteaba que todas las autorizaciones de residencia precisen que el solicitante no tenga antecedentes penales ni sea sujeto de procesos penales en España o en sus países anteriores de residencia. El PP añadía que la carencia de antecedentes debería acreditarse mediante certificado oficial emitido por las autoridades competentes del país de origen o residencia previa.
El partido insistía en que no serían válidas las declaraciones responsables de los solicitantes que no pudieran obtener dichos certificados, y que la imposibilidad de obtenerlos no podría sustituirse por otros medios, como declaraciones responsables.
El Ejecutivo justificó su veto porque implicaría la creación de 400 plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería, con un coste adicional de 17 millones de euros. La otra enmienda vetada proponía ampliar las plazas de fiscales en áreas y comunidades autónomas en 491 cargos, lo que supondría un aumento presupuestario de 54 millones de euros.
La ley de multirreincidencia, iniciativa de Junts, fue aprobada por el Congreso con los votos del PSOE, PP, Vox, PNV y del propio grupo proponente, y pasó al Senado. Allí, el Gobierno ya había vetado las mismas enmiendas, pero la Mesa de la Cámara Alta, con mayoría popular, levantó el veto. Tras el trámite en comisión, el Senado aprobó la ley el 18 de marzo.
El próximo paso será la votación final en el pleno del Congreso, programada para este jueves.
El PP anunció que recurrirá la decisión del Ejecutivo, señalando que el Gobierno ha vetado en cinco ocasiones diversas cuestiones, en contra del criterio de los letrados y del secretario general del Congreso. La portavoz Ester Muñoz adelantó que podría presentarse un nuevo conflicto de atribuciones ante el Senado.
