MIAMI, 5 de marzo — El fiscal general de Florida anunció la reapertura de una investigación penal a nivel estatal sobre el presunto papel del exlíder cubano Raúl Castro en el derribo de cuatro avionetas civiles operadas por exiliados anticomunistas en 1996, un caso que durante décadas ha marcado las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Miami, el fiscal general James Uthmeier explicó que la investigación sobre posibles delitos relacionados con Castro había sido iniciada años atrás, pero quedó suspendida durante la administración del expresidente Joe Biden.
“Cuando esto llegó a mi conocimiento, reactivamos los expedientes. Así que sí, esa investigación seguirá en curso”, afirmó Uthmeier.
El renovado interés en el caso coincide con la proximidad del 30º aniversario del derribo de dos avionetas del grupo de pilotos civiles Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996 sobre el estrecho de Florida. En aquel episodio murieron cuatro integrantes de la organización de exiliados cubanos, lo que provocó una fuerte condena internacional contra el gobierno de La Habana.
En las últimas semanas, varios líderes republicanos del sur de Florida han solicitado al gobierno federal que retome la investigación para determinar la posible responsabilidad directa de Castro, quien en ese momento era jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. Entre quienes respaldan esa petición se encuentran legisladores federales del estado y el senador Rick Scott.
En una carta enviada al presidente Donald Trump el pasado 13 de febrero, los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez afirmaron que informes periodísticos publicados en su momento señalaban que Castro habría ordenado derribar las aeronaves Cessna utilizadas por la organización, las cuales no estaban armadas.
“Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz. Es hora de que sea llevado ante la justicia”, escribieron los legisladores.
Uthmeier aseguró que su oficina busca esclarecer si se cometieron delitos contra ciudadanos de Florida y si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.
“No puedo decir mucho más en este momento, pero vamos a continuar con esta investigación”, señaló el fiscal. “Sé que muchos miembros de la legislatura estatal y otras personas aquí en Florida desean ver una resolución, e idealmente que haya rendición de cuentas”.
Hasta el momento, la oficina del fiscal general no ha ofrecido detalles adicionales sobre el alcance de la investigación ni sobre posibles acusaciones futuras. Tampoco funcionarios del gobierno cubano respondieron a solicitudes de comentarios sobre la reapertura del caso.
En relación con el derribo de las avionetas, Estados Unidos solo ha condenado a una persona. Gerardo Hernández, líder de una red de espionaje cubana desmantelada por el FBI en la década de 1990, fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, fue liberado en 2014 por el entonces presidente Barack Obama como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y La Habana.
Además, dos pilotos de combate cubanos y su oficial al mando fueron acusados en su momento por el caso, pero permanecen fuera del alcance de la justicia estadounidense mientras residan en Cuba.
