Brasilia, 25 enero.- Miles de simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro marcharon este domingo por las calles de Brasilia en defensa de su libertad, tras haber sido condenado y encarcelado en noviembre pasado por liderar un presunto intento de golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La movilización fue impulsada por el diputado ultraderechista Nikolas Ferreira, una de las figuras más influyentes del bolsonarismo y de la extrema derecha brasileña en redes sociales. El legislador inició el pasado lunes una caminata desde Paracatu, en el interior del estado de Minas Gerais, rumbo a la capital del país, recorriendo —según sus propias declaraciones— unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal.
Durante la última etapa del recorrido, miles de personas se sumaron a la marcha a su paso por Brasilia, la mayoría vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, pese a las intensas lluvias que afectaron al Distrito Federal durante la jornada.
En declaraciones a medios locales, Ferreira aseguró que la caminata busca “despertar a las personas y abrirles los ojos” ante la situación política del país, en un año clave en el que Brasil celebrará elecciones presidenciales, regionales y legislativas.
El diputado criticó duramente la actuación del Supremo Tribunal Federal, que ha condenado a más de 800 personas por los violentos disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes del Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema, en un intento de forzar una intervención militar contra el recién asumido Gobierno de Lula.
Según las investigaciones judiciales, el asalto a las instituciones fue el punto culminante de una estrategia golpista destinada a mantener a Bolsonaro en el poder tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022.
El pasado 11 de septiembre, el Supremo condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por liderar ese complot. Una vez agotadas las apelaciones, la justicia ordenó la ejecución de la sentencia a finales de noviembre. El exmandatario permaneció inicialmente detenido en dependencias de la Policía Federal y, desde el 15 de enero, fue trasladado a un complejo penitenciario en la capital.
No obstante, el Congreso brasileño, dominado por fuerzas conservadoras, aprobó en diciembre un proyecto de ley que reduce las penas impuestas tanto a Bolsonaro como a otros implicados en el intento de golpe. Según cálculos de sus aliados, si la norma entra en vigor, el ex capitán del Ejército podría cumplir apenas dos años en régimen cerrado.
El presidente Lula da Silva vetó la iniciativa el pasado 8 de enero, coincidiendo con el tercer aniversario del asalto a Brasilia. Sin embargo, el Parlamento tiene la facultad de anular el veto presidencial, una posibilidad que previsiblemente será sometida a votación tras el receso legislativo.
