Washington, 15 enero.- La Administración del presidente Donald Trump suspendió el procesamiento de visados de inmigración para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Rusia e Irán, en una medida que comenzará a aplicarse a partir del 21 de enero y se mantendrá por tiempo indefinido mientras se revisan los procedimientos de verificación.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que la decisión afecta a naciones de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente, Asia y Europa, incluyendo también a Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Afganistán, Egipto, Irak, Marruecos, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.
La suspensión alcanza exclusivamente a los visados de inmigración, es decir, aquellos que permiten residir de forma permanente en Estados Unidos. Los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales por turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por esta medida.
La pausa fue confirmada por el Departamento de Estado en la red social X y responde a una reevaluación integral de los criterios de control y verificación aplicados a los solicitantes, en línea con la política migratoria más restrictiva impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que el objetivo central de la decisión es evitar el ingreso de extranjeros que puedan depender de asistencia social o beneficios públicos una vez establecidos en territorio estadounidense.
En ese sentido, recordó que en noviembre pasado el Gobierno ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar nuevas directrices que permiten negar visados a solicitantes considerados con alta probabilidad de recurrir a ayudas estatales.
Bajo estas normas, los funcionarios consulares pueden rechazar solicitudes en función de múltiples factores, como estado de salud, edad, nivel de dominio del inglés, situación financiera y capacidad de autosustento, ampliando de forma significativa el margen de discrecionalidad en la evaluación de cada caso.
La medida refuerza el giro restrictivo de la política migratoria de la Administración Trump y anticipa un endurecimiento adicional de los controles migratorios, con impacto directo en miles de solicitantes de residencia permanente en Estados Unidos.
