Bogotá, 24 nov.- Las disidencias de las FARC han logrado un preocupante nivel de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado colombiano, incluyendo la Fiscalía, el Ejército, la Policía y varias agencias de inteligencia, según una investigación revelada este domingo por Noticias Caracol. El informe, basado en documentos extraídos de computadores, celulares y memorias USB incautados a jefes guerrilleros, expone una compleja red de vínculos entre altos mandos militares y estructuras criminales.
El material proviene de un retén militar realizado el 23 de julio de 2024 en la localidad de Anorí, en Antioquia, donde las fuerzas de seguridad decomisaron información considerada de alto valor estratégico. Entre los archivos, figura un correo fechado el 8 de febrero de 2024, en el que Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), detalla instrucciones para reunirse con un oficial identificado como el general retirado Juan Miguel Huertas, hoy reincorporado al Ejército.
Un general activo señalado de proponer una empresa fachada
De acuerdo con la investigación, Huertas —actual jefe del Comando de Personal del Ejército tras su reintegro en agosto por decisión del presidente Gustavo Petro— habría propuesto a los disidentes crear una empresa de seguridad fachada, lo que permitiría a sus miembros movilizarse en vehículos blindados, portar armas con permisos legales y operar con cierta libertad mientras avanzaban o fracasaban los diálogos con el Gobierno.
Según la carta citada:
«El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas», en referencia a un plan para que los guerrilleros contaran con “hombres legales” en caso de ruptura del proceso de paz.
El informe agrega que Huertas también ofreció protección en desplazamientos y afirmó que su cercanía con el presidente Petro le permitiría movilizar a los disidentes con órdenes para que no fueran detenidos en retenes.
Cercanías políticas y retorno a las Fuerzas Armadas
El programa recuerda que Huertas fue retirado del Ejército en 2022 por orden del entonces comandante, general Eduardo Zapateiro. Meses después se sumó a la campaña presidencial de Gustavo Petro, quien incluso le dio públicamente la bienvenida. En agosto de 2024, ya como mandatario, Petro ordenó su reintegro al servicio activo.
Otro nombre mencionado en las comunicaciones es el de Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que, durante el actual Gobierno, se transformó en un agente de inteligencia con fuerte influencia, supuestamente gracias a su cercanía con Petro.
Señalamientos a la Fiscalía y liberación de guerrilleros
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, también aparece involucrada indirectamente. El informe indica que la información incautada está en su poder, pero no ha sido investigada. Además, el mismo día del operativo en Anorí, Camargo ordenó la liberación de cuatro guerrilleros detenidos, incluido alias Calarcá, argumentando que actuaban como gestores de paz.
Conversaciones sobre un supuesto apoyo guerrillero a Petro
La investigación añade otro componente explosivo: conversaciones entre jefes disidentes que mencionan un supuesto apoyo de las FARC disidentes a la campaña presidencial de Petro en 2022. En un chat entre Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC), y otros mandos, se afirma que dicho apoyo se canalizó “a través de Francia Márquez”, hoy vicepresidenta de Colombia.
El informe no detalla el tipo de apoyo ni presenta pruebas sobre financiamiento o participación logística, pero sí cita las comunicaciones internas guerrilleras. Mordisco ya había afirmado públicamente el 20 de marzo de 2024 que su organización apoyó la campaña de Petro, crítica que lanzó después de que el mandatario lo tildara de “traqueto”.
“El EMC apoyó la campaña. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”, escribió entonces Mordisco, acusando al presidente de traición tanto a la guerrilla como a sus votantes.
Una trama que aumenta la tensión política
Los hallazgos divulgados por Noticias Caracol profundizan el clima de tensión entre el Gobierno, la oposición y el sistema de seguridad colombiano. Las acusaciones, de comprobarse, podrían constituir uno de los mayores escándalos de penetración criminal en el Estado en décadas, con implicaciones que alcanzan las más altas esferas del poder civil y militar.
