La Haya (Holanda), 22 Oct.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó este miércoles que Israel debe permitir la labor de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria al enclave de Gaza, devastado tras dos años de guerra. El fallo se produce tras una solicitud de la Asamblea General de la ONU, que pidió a la corte emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de Israel después de que el gobierno israelí prohibiera las operaciones de la UNRWA en enero de 2024.
“Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los esquemas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA”, declaró Yuji Iwasawa, presidente de la CIJ.
Tel Aviv rechazó haber violado el derecho internacional y calificó el proceso de la corte como “sesgado”. Aunque no asistió a las audiencias de abril, Israel presentó un documento de 38 páginas para exponer su posición.
Un fallo con peso legal y repercusiones globales
Si bien las opiniones consultivas de la CIJ no son jurídicamente vinculantes, sí tienen un importante peso legal y político. Expertos en derecho internacional advierten que el dictamen podría sentar un precedente para las misiones de la ONU en zonas de conflicto.
“No podemos permitir que los estados elijan dónde la ONU puede operar. Esta opinión es crucial para reforzar ese principio”, explicó Mike Becker, especialista en derechos humanos del Trinity College de Dublín.
La resolución llega mientras se mantiene un frágil alto el fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos desde el 10 de octubre. Según el acuerdo, se permite la entrada diaria de 600 camiones de ayuda humanitaria, aunque en las últimas semanas se han reportado nuevos ataques israelíes tras incidentes con combatientes de Hamás.
La polémica prohibición de la UNRWA
La prohibición a la UNRWA por parte de Israel, vigente desde enero, fue justificada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien acusó a la agencia de estar “infiltrada por Hamás”. La organización rechazó categóricamente las acusaciones.
En marzo, Israel bloqueó todos los envíos de ayuda durante tres meses, provocando una grave crisis alimentaria. Ante la presión internacional, Tel Aviv permitió parcialmente el ingreso de suministros a través de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos. Sin embargo, el mecanismo fue duramente criticado y la ONU declaró hambruna en varias zonas del enclave en agosto.
La GHF suspendió sus operaciones tras el reciente alto el fuego. Israel insiste en que “hay suficiente comida en Gaza” y culpa a Hamás de acaparar los suministros.
Opiniones previas y órdenes judiciales
La CIJ ya ha emitido otras opiniones sobre las políticas israelíes. En 2004, dictaminó que el muro de separación en Cisjordania era contrario al derecho internacional, y en 2024 concluyó que la presencia israelí en los territorios ocupados era ilegal, instando a detener la construcción de asentamientos.
Paralelamente, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de usar el hambre como arma de guerra y de ataques intencionados contra civiles. Ambos niegan las acusaciones.
Una guerra que deja más de 68.000 muertos
El conflicto en Gaza comenzó tras el ataque sorpresa de Hamás en el sur de Israel, que dejó 1.200 muertos y 250 secuestrados. La ofensiva de represalia israelí ha causado la muerte de más de 68.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cifras que la ONU considera las más fiables disponibles.
La CIJ reiteró que Israel está legalmente obligado a permitir el acceso de ayuda humanitaria sin obstáculos, y que cualquier intento de impedirlo viola el derecho internacional humanitario.
