QUITO, 21 julio.- El legislador ecuatoriano Santiago Díaz Asque, denunciado por la presunta violación de una menor, se entregó este lunes a las autoridades tras varios días prófugo, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Por su captura se había ofrecido una recompensa de 100.000 dólares.
En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Fiscalía informó que sobre Díaz Asque «pesa una orden de detención para formulación de cargos«, y que su situación jurídica será resuelta «en las próximas horas». Aunque no se precisaron detalles del procedimiento, la Policía indicó que el legislador se puso a disposición en una localidad cercana a Quito, la capital ecuatoriana.
Vínculos con Revolución Ciudadana
La denuncia contra Díaz Asque se hizo pública el 8 de julio. Fue elegido asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). El mismo día de conocerse la acusación, fue expulsado del partido, aunque esto no le impide seguir ostentando el cargo.
La Fiscalía abrió una investigación penal y efectuó tres allanamientos como parte del proceso. Aunque inicialmente no existía una orden de arresto, el acusado había sido citado a rendir declaración.
Respuesta del legislador y reacción del Gobierno
En una carta pública, Díaz Asque afirmó ser inocente y calificó la denuncia como una «bajeza» destinada a silenciar su voz “incorruptible y crítica”. Solicitó una licencia sin sueldo ante la Asamblea Nacional, la cual fue denegada, y desde entonces no emitió más declaraciones.
Ante su desaparición, el Gobierno de Ecuador ofreció la recompensa mencionada, mientras que el presidente Daniel Noboa reaccionó ante la conmoción nacional proponiendo una reforma constitucional que permitiría aplicar castración química a violadores, una medida que deberá pasar primero por la revisión de la Corte Constitucional antes de llegar al debate legislativo.
Posición de Rafael Correa
En recientes declaraciones, Rafael Correa, líder de Revolución Ciudadana, expresó que el caso ha “llenado de vergüenza” a su movimiento, y pidió disculpas públicas al pueblo ecuatoriano.
La legislación penal ecuatoriana establece que la violación de menores de 14 años se sanciona con penas de 19 a 22 años de prisión, lo que podría enfrentar Díaz Asque si se comprueban las acusaciones en su contra.
Este caso ha generado indignación nacional, profundizando la presión sobre el sistema judicial y político ecuatoriano en torno a la impunidad y el manejo de casos de violencia sexual contra menores.
