East Windsor, Nueva Jersey, 5 de julio de 2025.- Los jornaleros latinos que durante décadas han sido una fuerza laboral esencial en sectores como la construcción, agricultura y trabajo doméstico, están dejando de asistir a sus tradicionales puntos de «reclutamiento» ante el incremento de la presencia policial y el temor a las deportaciones bajo la administración Trump.
La situación se ha vuelto crítica en lugares emblemáticos como los estacionamientos de Home Depot y 7-Eleven, donde históricamente se congregaban trabajadores en busca de empleo diario, pero que ahora se han convertido en focos de operativos de inmigración.
Política de cuotas de arrestos
El cambio radical en la dinámica laboral de estos trabajadores responde a las directrices de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien ordenó que los agentes de inmigración cumplieran cuotas diarias de arrestos, señalando específicamente a los jornaleros que ofrecen sus servicios en estas cadenas comerciales.
«Los jornaleros tienen miedo y están también enojados con la política racista que les juzga por su color de piel y forma de hablar», declaró a EFE Nadia Marín, representante de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON).
La dirigente sindical explicó que estos trabajadores se enfrentan a una decisión imposible: «Desafortunadamente han tenido que decidir entre pagar su alquiler, comer, ayudar a sus familias y la posibilidad de ser arrestados».
Resistencia comunitaria
La comunidad no ha permanecido pasiva ante esta situación. Esta semana, en East Windsor, Nueva Jersey, residentes de la zona entraron a un Home Depot desplegando carteles con mensajes de «ICE fuera de Home Depot», gritaron consignas y exigieron a la cadena minorista que deje de cooperar con la agencia de inmigración.
«No es que Home Depot les dé permiso (para acudir al lugar), pero, de la misma forma en que llamaron a la policía (durante la protesta) diciendo que es un negocio privado» y obligaron a los activistas a salir «lo mismo pueden hacer con ICE», comentó un activista a EFE, señalando que la empresa podría impedir la entrada de los agentes al tratarse de propiedad privada.
Testimonios de discriminación
Un jornalero hondureño, quien pidió mantener el anonimato y ocultar su rostro, relató a EFE una experiencia que ejemplifica la situación actual: fue arrestado simplemente por usar el baño del establecimiento.
«Me sentí discriminado porque no robé nada, no soy un criminal, sólo vine a buscar trabajo y pago impuestos. El policía me dijo que había entrado a una propiedad privada y le dije que aquí entraban muchas personas», recordó el trabajador, quien finalmente fue liberado tras contactar a un abogado.
El hondureño describió cómo la situación ha cambiado dramáticamente: «Usualmente había unos 60 jornaleros en el lugar pero esa cifra se redujo luego de que la seguridad del negocio les advirtiera que llamaría a Inmigración».
Impacto económico y social
La reducción en la presencia de jornaleros ha afectado diversos sectores de la economía. «Mis compañeros tienen mucho temor y algunos tienen días que no trabajan y se han atrasado con sus alquileres. Están preocupados», explicó el trabajador hondureño.
El testimonio revela la diversidad de esta fuerza laboral: «Los que estamos viniendo tenemos permiso de trabajo pero los demás, que son la mayoría, no están viniendo» y provienen de Guatemala, Nicaragua, Colombia, México, África y Haití.
El impacto trasciende al sector construcción, afectando también la jardinería, limpieza de casas, agricultura, restaurantes y otros comercios, ya que los jornaleros no solo son trabajadores sino también consumidores que han dejado de frecuentar establecimientos donde también se realizan redadas.
Redes de solidaridad
Ante esta situación, las comunidades han desarrollado redes de solidaridad. Muchos jornaleros se quedan en sus casas varios días cuando reciben alertas sobre la presencia de agentes migratorios, información que les transmiten miembros de las comunidades donde viven.
Esta solidaridad surge en respuesta a las agresivas redadas del gobierno de Trump, que han generado indignación por imágenes como las vistas en Los Ángeles, donde la Guardia Nacional fue enviada para enfrentar protestas.
Vulnerabilidad laboral
Nadia Marín expresó su preocupación porque esta situación propicia que contratistas inescrupulosos se aprovechen para el robo de salario, un problema que ya enfrentan frecuentemente los inmigrantes. «Y si se quejan, les amenazan con llamar a Inmigración», denunció.
La dirigente sindical enfatizó la importancia económica de estos trabajadores: «Ellos llenan una necesidad económica», recordando que durante décadas han sido un pilar fundamental en industrias clave de la economía estadounidense.
Un sistema laboral en crisis
La situación actual pone en evidencia la paradoja de un sistema que durante décadas ha dependido del trabajo de inmigrantes indocumentados, pero que ahora los persigue sistemáticamente. Los jornaleros, fáciles de reconocer por su presencia en esquinas, paradas de autobuses y estacionamientos comerciales, se han convertido en objetivos prioritarios de las políticas migratorias más agresivas de los últimos años.
Esta realidad no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que también amenaza sectores enteros de la economía estadounidense que históricamente han dependido de esta mano de obra flexible y dispuesta a realizar trabajos que otros sectores de la población no están dispuestos a aceptar.
La situación continúa evolucionando mientras las comunidades buscan formas de resistir y proteger a sus miembros más vulnerables, en un contexto donde la supervivencia económica y la seguridad personal se han vuelto objetivos aparentemente incompatibles.
