Madrid, 20 junio.– El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dado un paso decisivo en el caso Koldo al ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una exhaustiva investigación patrimonial y digital contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien cita para declarar como investigado el próximo 30 de junio, tras suspender su comparecencia prevista para el día 25.
La decisión judicial implica el rastreo de sus cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y productos financieros —exceptuando aquellos vinculados al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias—, así como el análisis de su situación tributaria y, de forma destacada, el acceso al contenido íntegro de su correo corporativo del partido. Para ello, la UCO ha accedido este viernes a la sede de Ferraz para clonar los correos electrónicos utilizados por Cerdán.
La declaración del dirigente socialista se celebrará de forma obligatoria en calidad de investigado, y tras ella se evaluará la posible adopción de medidas cautelares personales.
Sospechas de reparto de sobornos
El juez Puente considera que Cerdán podría haber actuado en connivencia con el exministro José Luis Ábalos —aforado ante el Supremo— para cobrar sobornos a cambio de adjudicaciones irregulares de obras públicas. Además, sospecha que habría sido el encargado de distribuir los pagos entre los diferentes implicados de la trama.
No obstante, el magistrado ha rechazado por el momento autorizar registros en los domicilios o despachos que ocupaba Cerdán, ya que —según argumenta— el investigado tuvo conocimiento previo de la investigación, y ello podría haber facilitado la eliminación de pruebas.
Empresarios citados e investigación a 500 cuentas bancarias
Además de Cerdán, la investigación se amplía a cinco empresarios citados para declarar entre el 4 y el 7 de julio como investigados. Se trata de:
| Empresario | Empresa vinculada |
|---|---|
| Antxon Alonso | Servinabar 2000 |
| Antonio Fernández | Diversas empresas |
| Daniel Fernández | Diversas empresas |
| Fernando Agustín Merino | Diversas empresas |
| José Ruz | Diversas empresas |
Estas personas habrían actuado como administradores de hecho de empresas beneficiadas por contratos públicos presuntamente amañados a cambio de dinero. Las sociedades bajo sospecha incluyen Acciona, L.I.C., O.P.R., Servinabar 2000 y la fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos.
Se investigan cerca de 500 cuentas bancarias en busca de flujos financieros irregulares que conecten a los investigados con los contratos públicos adjudicados.
Rechazada entrega de escritura, pero habrá copia en la causa
La defensa de Cerdán había solicitado a la UCO la entrega de una escritura de 2016 en la que Antxon Alonso le cedía 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000. Según la UCO, esta empresa fue utilizada como intermediaria para canalizar fondos entre Acciona y Koldo García.
Sin embargo, el juez denegó que se remita el documento original a la defensa para un cotejo notarial, aunque ha ordenado que se incorpore una copia del mismo al sumario antes de la declaración de Cerdán.
Servinabar ha asegurado públicamente que Santos Cerdán “nunca ha sido socio” de la firma, pero los documentos incautados contradicen esa afirmación.
Escalada judicial en el caso Koldo
Este nuevo movimiento judicial representa una escalada en el caso Koldo, que ya ha salpicado a altos cargos del PSOE y ha motivado registros en la sede del partido en Ferraz, el Ministerio de Transportes y entidades públicas como Adif y Carreteras.
La inclusión de Cerdán como investigado por delitos de corrupción, cohecho y posible malversación abre un nuevo frente legal y político al Gobierno de Pedro Sánchez, quien ha reiterado en las últimas semanas que no aceptará la corrupción “venga de donde venga”. La causa se encuentra bajo la lupa pública en un momento de máxima tensión institucional y de creciente presión social y mediática.
