MADRID, 10 junio.- El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, acusó este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de proteger al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, como parte de una “devolución de favores” y de un “uso absolutamente repugnante de las instituciones”.
En rueda de prensa en el Congreso, Tellado calificó como una “coreografía” el respaldo oficial del Ejecutivo a García Ortiz tras conocerse el lunes que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha procesado al fiscal por presuntas filtraciones en el caso de fraude fiscal vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
“El Gobierno quiere ayudar al fiscal general a ganar el relato, porque él hizo lo mismo por ellos en otro momento. Le deben un favor o varios”, declaró el portavoz del PP.
Críticas al ataque al poder judicial
Tellado denunció que, lejos de asumir responsabilidades, la respuesta del PSOE y del Ejecutivo ha sido “muy contundente, pero contra los jueces”, cuestionando así la independencia judicial y la separación de poderes.
El dirigente popular censuró especialmente declaraciones recientes de altos cargos socialistas, como las del ministro Óscar Puente, quien aseguró que la oposición real al Ejecutivo no está en el Congreso, “sino en la justicia”, y del líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que acusó a la jueza que investiga al hermano del presidente Sánchez de “seguir relatos imaginarios”.
Reforma exprés del Ministerio Fiscal
Tellado también advirtió sobre el proyecto de reforma del Ministerio Fiscal, impulsado por el Gobierno y que previsiblemente será aprobado en las próximas semanas.
“Lo sospechoso no es ya que este Gobierno actúe contra el poder judicial, sino que esa sea su prioridad máxima”, subrayó Tellado, al criticar que esta ley sea la única que será debatida en su totalidad en los últimos tres meses en el Congreso.
El portavoz del PP insistió en que el procesamiento del fiscal general confirma las sospechas de su partido sobre la “utilización política de la Fiscalía” y alertó de una estrategia institucional para “erosionar el Estado de derecho y el equilibrio de poderes”.
El procesamiento de García Ortiz, y la reacción del Gobierno, han desatado una nueva tormenta política en España, reactivando el debate sobre la politización de la justicia y el papel del Ministerio Fiscal en causas sensibles para el Ejecutivo.
