Caracas, 9 dic.- Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela alzaron su voz este lunes, en el Día Internacional de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, para exigir la liberación de activistas considerados «presos políticos», incluyendo a figuras destacadas como Javier Tarazona, director de Fundaredes, y Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
Activistas detenidos: Javier Tarazona y Rocío San Miguel
Javier Tarazona fue arrestado en julio de 2021, mientras que Rocío San Miguel lleva 10 meses privada de libertad. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ambos representan pilares en la documentación de violaciones de derechos humanos y en dar voz a quienes no pueden expresarse.
“El movimiento de derechos humanos en Venezuela sigue luchando por su libertad”, expresó el OVP en un mensaje compartido en X.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia destacó el compromiso de Rocío San Miguel, calificándola como una mujer valiente que ha arriesgado su vida por la defensa de los derechos fundamentales.
Otras detenciones recientes
Súmate, organización enfocada en temas electorales, exigió la liberación de su coordinadora de formación, Nélida Sánchez, detenida el pasado 26 de agosto. La ONG denunció que el proceso judicial en su contra está viciado y pidió al Estado venezolano reparar los daños causados por su aprehensión.
Crisis de derechos humanos en Venezuela
De acuerdo con la ONG Foro Penal, Venezuela cuenta actualmente con 1.905 «presos políticos». Muchos de ellos fueron arrestados tras las elecciones de julio, cuando la proclamación de Nicolás Maduro como presidente desató una crisis política y acusaciones de fraude por parte de la oposición.
La detención de defensores de derechos humanos refleja, según organizaciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el clima de creciente represión y autoritarismo en el país. Estas ONG consideran que las aprehensiones buscan intimidar y silenciar a quienes denuncian violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Las organizaciones instaron a la comunidad internacional a presionar al Gobierno venezolano para garantizar la libertad y la seguridad de los defensores de derechos humanos y de todos los detenidos injustamente.
