Madrid, 16 oct.- El Tribunal Supremo de España (TS) ha decidido, por unanimidad, abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La acusación surge a raíz de la divulgación de información confidencial relacionada con un procedimiento judicial por fraude fiscal, en el que está implicado Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La decisión también afecta a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien, según el auto judicial, habría facilitado a García Ortiz los datos confidenciales para la elaboración de una nota de prensa, difundida el 14 de marzo de 2024, con información sobre la investigación en curso.
El empresario González Amador presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por filtrar a los medios detalles de su oferta de culpabilidad ante la Fiscalía por dos delitos fiscales. Tras asumir García Ortiz la responsabilidad del caso, el TSJM remitió la causa al Tribunal Supremo, que ha decidido ahora abrir una investigación formal.
A pesar de ser imputado, el fiscal general ha declarado su intención de continuar en el cargo, argumentando que su permanencia “es lo más prudente para la institución” y que esto refuerza la independencia de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo deberá determinar si ambos funcionarios, en su calidad de autoridades públicas, violaron la ley al divulgar información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones.
