Caracas, 14 ago.- La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, bajo control del chavismo, aprobó este martes un proyecto de ley que prevé la fiscalización y posible disolución judicial de organizaciones no gubernamentales (ONG) que incumplan sus disposiciones. La ley otorga a los tribunales de primera instancia en materia civil la autoridad para disolver dichas organizaciones, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso.
El proyecto establece que las ONGs podrán ser disueltas por varias razones, entre ellas, violaciones a la ley y la falta de pago de multas. Además, prohíbe a las ONGs recibir o realizar aportes a organizaciones políticas, llevar a cabo actividades políticas, o promover el fascismo, la intolerancia o el odio.
Las ONGs también deberán informar sobre el financiamiento y donaciones que reciban, asegurando la legalidad de los fondos y detallando la identidad de los donantes, tanto nacionales como extranjeros.
El proyecto asigna al Ejecutivo la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la ley, implementando y evaluando mecanismos de control. La AN retomó la discusión de esta ley tres meses después de su última deliberación en mayo, a pesar de las críticas de numerosas ONGs que denuncian una intención de suprimir el espacio cívico y restringir el derecho de asociación.
Organizaciones no gubernamentales han señalado que la ley es una forma de hostigar y criminalizar a la sociedad civil, advirtiendo que viola los derechos humanos. El chavismo justificó la creación de esta ley en enero de 2023, alegando que muchas ONGs tienen fines políticos y desestabilizadores.
