Washington, 2 sep.- En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos confiscó este lunes el avión presidencial de Venezuela mientras se encontraba en la República Dominicana, según informó en exclusiva CNN. El avión, valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, ha sido trasladado a Florida en el marco de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Venezuela.
Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, explicaron a CNN que el decomiso del avión, equivalente al Air Force One venezolano, se realizó después de que se determinara que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre el procedimiento, se detalla que el decomiso es una medida rara en asuntos penales, diseñada para enviar un mensaje claro: «Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses», según uno de los funcionarios.
La operación para confiscar la aeronave involucró a varias agencias federales y contó con la colaboración estrecha de las autoridades de la República Dominicana, que notificaron a Venezuela sobre la incautación. El avión había estado en la República Dominicana durante varios meses, y el decomiso se realizó en un momento oportuno que las autoridades estadounidenses no han especificado.
Este acto es significativo ya que marca la primera vez que Estados Unidos confisca un activo de tal relevancia y simbolismo. Aunque el gobierno estadounidense ha confiscado docenas de vehículos de lujo y otros activos destinados a Venezuela en el pasado, nunca antes había tomado una medida contra un vehículo presidencial.
El decomiso del avión ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. En abril, Estados Unidos había revertido parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, citando el incumplimiento de Nicolás Maduro con sus compromisos electorales. Además, el gobierno de EE.UU. ha criticado duramente el manejo de las recientes elecciones en Venezuela, acusando al gobierno de Maduro de violar los estándares internacionales de transparencia y de intentar silenciar a la oposición.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, criticó la falta de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y la acción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que según él, estaba controlado por Maduro y trató de silenciar las voces disidentes. En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las críticas y afirmó que no debe rendir cuentas a EE.UU. sobre su proceso electoral, acusando al Departamento de Estado de intervenir en asuntos que considera internos.
El confiscado avión presidencial no solo representa un golpe simbólico para el gobierno venezolano, sino también un recordatorio de las tensiones en curso entre ambos países.
