Redacción, 30 de septiembre.- Un operativo en San Pedro Sula, Honduras contra la modalidad de préstamos informales conocida como “gota a gota” dejó a 16 personas requeridas, entre ellas 14 ciudadanos colombianos y dos hondureños, informó hoy el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass.
Durante las acciones también fueron decomisados 13 vehículos, un arma de fuego y dinero en efectivo, según el reporte policial.
La operación estuvo a cargo de unidades especializadas de investigación financiera, inteligencia y fuerzas especiales. La Policía indicó que corresponde avanzar en el análisis de la información recopilada y coordinar con el Ministerio Público para establecer si existen elementos que permitan determinar responsabilidades por posibles delitos.
De acuerdo con Oseguera, los equipos de la Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF) y las unidades de inteligencia están procesando la información obtenida durante el operativo.
La investigación busca establecer cómo funcionaba la estructura dedicada presuntamente a los préstamos diarios, quiénes participaban en la actividad y si existieron conductas que puedan constituir infracciones a la legislación hondureña.
La Policía también dará seguimiento a personas que habrían recurrido a esta modalidad de financiamiento, con el objetivo de conocer posibles afectaciones económicas o situaciones derivadas de la forma en que se realizaban los cobros.
El término “gota a gota” se utiliza para describir sistemas de préstamos informales, generalmente de corto plazo y con pagos frecuentes. Las autoridades hondureñas han advertido sobre los riesgos asociados a esta actividad cuando los mecanismos de cobro derivan en amenazas, intimidación u otros hechos ilícitos.
Mass explicó que se analiza el estatus migratorio de los 14 ciudadanos colombianos y que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, se determinarán los pasos correspondientes.
El funcionario señaló que entre las posibilidades analizadas están la remisión ante las autoridades competentes si existen elementos para establecer una responsabilidad penal, o la aplicación de medidas migratorias, de acuerdo con el resultado del proceso.
Por ahora, la Policía no ha informado que las personas requeridas hayan sido declaradas responsables de un delito. Esa determinación corresponde al proceso investigativo y, en su caso, a las autoridades judiciales.
