Madrid, 30 de septiembre.- La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso, en la que tienen mayoría el PSOE y Sumar, ha aceptado tramitar este miércoles la enmienda pirata del grupo plurinacional que busca blindar el derecho a voto de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos y que había sido cuestionada por los letrados por haber sido presentada a una ley educativa, ajena por tanto al contenido de la enmienda.
Tal y como había advertido, el PP ha confirmado que recurrirá la decisión de los partidos en el Gobierno de «despreciar» el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja. «Esta chapuza legislativa es la aceptación tácita de que la instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, estaba al margen de la ley», subrayan fuentes de Génova.
La calificación de la enmienda ha sido avalada por PSOE y Sumar y ha contado con el rechazo de la formación de Alberto Núñez Feijóo, que también está representando en la Mesa de la Comisión de Educación.
El objetivo de la enmienda presentada por Enrique Santiago, diputado del socio minoritario de la coalición, es asegurar el derecho a voto de los nacionalizados por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’. La presentó después de que el Tribunal Supremosuspendiera cautelarmente el derecho de sufragio a los beneficiarios de la ley, salvo para los que acrediten que efectivamente son descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura.
Por su parte, Vox registró un escrito pidiendo que la enmienda de Sumar no se admitiera a trámite por considerarla lo que en el argot parlamentario se conoce como intrusa, una tesis que fue avalada por los servicios jurídicos de la Cámara en un informe que, como no es vinculante, dejaba la decisión sobre la aceptación o no de la enmienda en manos de la Mesa de la Comisión.
Finalmente, se tramitará a través del proyecto de ley por el que se modifican la Ley de Educación de 2006 y la Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia.
En su informe, recogido Europa Press, los letrados constataban que el tenor literal de la enmienda -que se presentó sin adjuntar justificación alguna- «resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar». «No existe en este sentido el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y finalidad de la enmienda», recalcaban.
Si bien reseñaban que el Reglamento del Congreso «no contiene reglas que limiten el contenido de las enmiendas», recordaban que sí lo hace la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que «las enmiendas al articulado deben ser congruentes con el mismo y por tanto con el objeto y finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente».
«En el caso de no respetar esta necesidad de congruencia podríamos estar ante una situación de vulneración del derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución, el relativo a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo», rezaba el informe.
Según exponían los letrados, esta es la circunstancia que debía ser «ponderada y valorada» por la Mesa de la Comisión de Educación que, finalmente ha admitido a trámite la enmienda.
