Madrid, 26 de septiembre.- Miles de personas salieron a las calles de Madrid el sábado para protestar contra la crisis inmobiliaria en España y pedir medidas de protección para los inquilinos, normas antifraude y la prohibición de los desalojos sin vivienda alternativa.
La última protesta por la vivienda fue provocada por el dramático desalojo el miércoles de una mujer de 87 años del apartamento de Madrid en el que había vivido durante décadas.
Sacada de su casa en camilla en el exclusivo barrio de Retiro, María del Carmen Abascal fue recibida por manifestantes y simpatizantes mientras la subían a una ambulancia.
Los medios españoles informaron que el padre de Abascal alquiló la propiedad por primera vez en 1956 y ella continuó como inquilina después de la muerte de sus padres, tiempo durante el cual había un límite de alquiler.
El edificio cambió de propietario en 2018 y a Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el piso pero no podía permitírselo, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid, que organizó la protesta del sábado.
Urbagestión, un fondo de inversión que luego compró la unidad, aumentó su alquiler mensual de 500 euros (570 dólares) a 2.650 euros. Posteriormente bajó el alquiler a 1.650 euros, cantidad que Abascal aún no podía afrontar con su pensión, afirmó el sindicato.
Los tribunales bloquearon tres intentos anteriores de desalojarla. La amplia cobertura mediática convirtió a Abascal en un símbolo de la crisis inmobiliaria de España.
“No he conseguido defender mi casa, pero he luchado para que otros aprendan a luchar por lo suyo”, dijo Abascal en un vídeo compartido el viernes por el sindicato de inquilinos. El vídeo fue grabado desde su cama de hospital tras el desalojo.
Los crecientes costos y la escasez de viviendas están dejando fuera del mercado a muchos españoles, a pesar del fuerte crecimiento económico en la cuarta economía más grande de Europa. Los ingresos no han seguido el ritmo. Los analistas dicen que el crecimiento demográfico impulsado por el turismo y la inmigración en las ciudades ha ejercido mayor presión sobre la limitada oferta de viviendas.
El Banco de España estimó que el país tenía un déficit de alrededor de 550.000 viviendas el año pasado, de los cuales Madrid, Barcelona y Valencia representaban una proporción sustancial.
