São Paulo, 24 agos.- Un juez brasileño suspendió de forma cautelar este sábado los perfiles en redes sociales del controvertido empresario y influenciador derechista Pablo Marçal, uno de los principales candidatos en las elecciones de octubre para la Alcaldía de São Paulo, según informaron fuentes oficiales.
El magistrado Antonio Maria Patiño, de la Justicia Electoral, argumentó que existen indicios de que el candidato del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB) pudo haber incurrido en abuso de poder económico al promover su imagen mediante la “monetización” de videos en Internet.
Según el juez, la monetización de estos videos equivale a una difusión continua de la imagen del candidato, lo que podría comprometer el equilibrio necesario en las contiendas electorales.
“El poder económico del demandado sustenta y reitera un daño continuado, aparentemente en total oposición a las normas que deben garantizar una competencia leal”, indicó Patiño en su fallo, contra el cual aún cabe recurso.
La decisión judicial fue el resultado de una demanda presentada por el Partido Socialista Brasileño (PSB), que tiene como candidata a la diputada federal Tabata Amaral para la Alcaldía de São Paulo.
En una transmisión en vivo tras conocer la sentencia, Marçal denunció ser víctima de una “persecución” patrocinada por “el sistema”, afirmando que este se ha “unido” en su contra debido a su creciente popularidad.
Marçal, de 37 años, ha ganado fuerza en los últimos sondeos electorales, situándose entre los favoritos junto con el actual alcalde Ricardo Nunes, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, y el diputado izquierdista Guilherme Boulos, respaldado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El empresario se ha autodenominado como un “siervo del pueblo”, se opone al aborto, y ha prometido extender el horario de los servicios públicos, revitalizar las zonas más desfavorecidas de São Paulo y crear dos millones de empleos.
Las elecciones municipales, que se llevarán a cabo el 6 de octubre, también servirán como un termómetro para evaluar la gestión del gobierno de Lula, a casi mitad de su mandato, y para medir el ánimo del electorado de cara a las presidenciales de 2026.
