Redacción, 20 de septiembre.- Una Delegación Internacional de Solidaridad pidió este sábado al Estado de Honduras acelerar el cumplimiento de cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades garífunas del Caribe hondureño.
Las resoluciones corresponden a Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, ambas de 2015; San Juan, de 2023; y Cayos Cochinos, de 2025, notificada en 2026. Las cuatro reconocen violaciones a distintos derechos colectivos y territoriales y obligan al Estado a adoptar medidas de reparación.
El reclamo internacional ocurre mientras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) mantienen desde hace más de un mes un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Aunque cada expediente tiene hechos propios, las cuatro sentencias comparten un eje: la protección de la propiedad colectiva y del territorio tradicional de las comunidades garífunas.
En el caso de San Juan, la Corte determinó que Honduras incumplió su obligación de titular, delimitar y demarcar el territorio, además de no garantizar plenamente su uso y goce ni la participación de la comunidad en decisiones que la afectaban.
En Triunfo de la Cruz, el tribunal analizó problemas vinculados con ventas de tierras, ampliación urbana, proyectos turísticos y decisiones sobre áreas protegidas dentro de territorios reclamados por la comunidad.
Punta Piedra también obtuvo sentencia en 2015, y el Estado incluso creó posteriormente una comisión intersectorial encargada de coordinar el cumplimiento de esos fallos junto con el de San Juan.
La misión internacional pidió que Honduras avance en el saneamiento del registro y titulación de las tierras ancestrales, de modo que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos sobre esos territorios.
También cuestionó que intereses privados puedan imponerse sobre derechos colectivos ya reconocidos internacionalmente.
Ese señalamiento corresponde a la delegación y a organizaciones acompañantes; establecer si existe favorecimiento ilegal a actores privados requiere evidencia y decisiones de las autoridades competentes.
