Washington, 31 de agosto.- Meta alcanzó un acuerdode 18.000 millones de dólares para cerrar el mayor proceso judicial en su contra por daños a menores en redes sociales, pero el pacto no contempla ninguna indemnización directa para las familias que sufrieron las consecuencias.
La noticia marca un hito en la historia de la regulación tecnológica en Estados Unidos y reaviva el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los daños causados por sus sistemas adictivos y la falta de controles efectivos para proteger a niños y adolescentes.
Meta optó por un acuerdo rápido y estratégico, aceptando el pago de una suma millonaria y la implementación de reformas técnicas, solo en Estados Unidos, para evitar un litigio prolongado y la publicación de documentos sensibles.
Aunque la cantidad parece elevada, representa una fracción de los 200.000 millones de dólares inicialmente reclamados por los demandantes y se pagará en cuotas a lo largo de diez años, con parte del monto condicionada a que otras plataformas adopten restricciones similares.
La empresa también consiguió que el acuerdo no implique cambios globales en sus productos y que los fondos vayan a los estados para programas de seguridad digital, no a las familias afectadas. Al evitar el juicio, Meta protegió su modelo de negocio y eludió la posibilidad de precedentes legales que pudieran replicarse a nivel internacional.
El acuerdo deja varias cuestiones insatisfechas para quienes sufrieron los mayores daños:
El pacto establece obligaciones específicas para Meta en sus plataformas estadounidenses:
Aunque estas medidas buscan prevenir futuros daños, expertos y víctimas insisten en que no representan un rediseño estructural ni una solución global para el problema.
A pesar del acuerdo, Meta sigue enfrentando demandas individuales, como el caso emblemático de Kaley, una joven de California cuya adicción a las redes sociales derivó en graves problemas de salud mental.
En su juicio, un jurado determinó que Meta y Google actuaron con “malicia, opresión o fraude” y otorgó una indemnización de seis millones de dólares a la víctima, sentando un precedente legal sobre la responsabilidad de las plataformas por daños psicológicos en menores.
